La Dirección General de Vivienda del Principado impuso en el primer semestre del año multas a los propietarios de 20 viviendas de protección oficial por destinarlas al alquiler vacacional, a pisos turísticos.
El control de los pisos turísticos corresponde a la Consejería de Industria, pero el de las viviendas de protección es labor de la Dirección General de Vivienda.
"Una vivienda protegida nunca puede ser turística durante los años de su protección. Ya hemos abierto expedientes sancionadores, de multas importantes, porque propietarios que han comprado en su día una vivienda protegida, la están poniendo en alquiler turístico", explicó ayer el director general de Vivienda del Principado, Fermín Bravo Lastra.
Lastra también apuntó que han notado un descenso en la solicitud de ayudas al alquiler respecto al año anterior, debido a que probablemente la población potencialmente beneficiaria está optando más por la compra de vivienda.
Por otro lado, el Principado eliminará a finales de año la cédula de habitabilidad, trámite necesario ahora para ocupar una vivienda nueva y que se es un proceso duplicado con la licencia municipal. Con su eliminación, se reducirá aproximadamente en un mes el tiempo necesario para la entrega de llaves de una vivienda. Bravo explicó que a finales de año también espera que se apruebe el plan autonómico para el sector, con "97 millones de euros para 4 años, de los cuales 46 vienen del Estado".
