Hubo un momento, allá por el año 1981, en que la Cruz de la Victoria, símbolo histórico del Principado de Asturias, estuvo muy cerca de entrar a formar parte del escudo de España. En plena Transición, con la construcción del nuevo Estado aún en ciernes, configurar el estandarte de la nación se convirtió en uno de los principales retos a superar para dar forma al cambio de era. Fue entonces cuando desde el Principado, por medio de varios parlamentarios asturianos, se propuso ante el Congreso de los Diputados la inclusión de la insignia regional en el máximo emblema del país. El resultado de su demanda, atendiendo a la situación actual, es por todos conocido. Sin embargo, resultó curiosa su tramitación, debate y votación final, así como el trasfondo que esconde este poco conocido pasaje de la historia autonómica.
Los orígenes de tal patriótica reclamación se remontan a 1977. El entonces presidente de la Diputación Provincial de Oviedo (germen del Gobierno autonómico), Luis Sáenz de Santamaría, pronunciaba un emotivo discurso en la basílica de Covadonga durante la coronación del Príncipe Felipe. En él formuló una demanda al Rey Juan Carlos, allí presente: "Que la Cruz de la Victoria, enarbolada por Pelayo en estas agrestes montañas, signo de Asturias, se contenga en el escudo nacional, como clara expresión de aquel Reino origen de España misma". No recibió respuesta afirmativa aquel día en la réplica del Monarca, ni tampoco en fechas posteriores.
Pasarían tres años hasta que, en febrero de 1980, nuevamente la Diputación Provincial, esta vez comandada por Agustín Antuña (UCD), formalizase una solicitud al Gobierno central y al Congreso de los Diputados pidiendo oficialmente "la inclusión en el escudo de España de la Cruz, en amarillo sobre campo azul como símbolo del primer Reino del país".
Días después se abriría en la Cámara alta un debate acerca de la composición de la insignia nacional. Espacio que el diputado ovetense Agustín de la Vallina Velarde, del partido Coalición Democrática, aprovechó para desarrollar una proposición de ley en la que plasmar "ese sentir generalizado del pueblo asturiano". La propuesta sería elevada al Pleno con el apoyo de una representación de parlamentarios regionales, como el tinetense Emilio García Pumarino.
En su defensa ante el hemiciclo, De la Vallina aludió a la "unanimidad" reinante sobre dicha solicitud en las "instituciones culturales y políticas del Principado expresada en numerosas ocasiones". El argumento mantenido por el diputado era que "al ser el Reino de Asturias el primer reino histórico, origen de la nación española, el más antiguo blasón del país (la Cruz) sea incorporada al escudo oficial". En un alarde de historia, el ovetense afirmó que "cualquiera que sea el significado que se quiera dar a la batalla de Covadonga, los orígenes del Estado, cuya reunificación tiene lugar con los Reyes Católicos, se encuentran en Asturias".
La "enmienda De la Vallina" buscaba la inclusión de la Cruz de la Victoria como delimitadora de los cuatro carteles en que se divide el escudo nacional. Es decir, las insignias de los antiguos reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra (la torre, el león, las bandas rojigualdas verticales y las cadenas) estarían separadas en el centro por medio de la Cruz asturiana, en oro colocada sobre un fondo azul. Algo que, a la vez, "serviría como distintivo propio del Príncipe de Asturias", al sustituir a las tres flores de lis de la sección central que representan a la dinastía borbónica.
El Gobierno, entonces en manos de UCD, ejerció la réplica: "No procede introducir esa variación ahora en un escudo sin modificaciones desde 1869, por no entrar en el detalle de cuáles son las principales nacionalidades o regiones que forjaron España. Todas son iguales", dijo Joaquín Satrústegui Fernández, diputado del grupo centrista, para zanjar así el debate.
La votación de la enmienda, celebrada el 12 de mayo de 1981, se saldó con 237 votos en contra, 32 a favor y 12 abstenciones. A pesar de resultar rechazada, lo llamativo fue la coincidencia entre varios representantes asturianos, aun siendo de partidos políticos opuestos. De los diez diputados por Asturias presentes en ese momento en el hemiciclo, ocho votaron afirmativamente, uno negativamente y otro no estuvo presente.
Socialistas como el expresidente Pedro de Silva coincidieron con centristas como Luis Vega Escandón o derechistas como el propio De la Vallina al aceptar la iniciativa. El único voto discrepante de la región fue el del comunista Horacio Fernández Inguanzo. En el ámbito nacional, también hubo por aquel entonces diversidad de votos: apoyaron la propuesta miembros de partidos tan dispares como el PCE (Riera Mercader), de los socialistas catalanes o de los socialistas vascos.
Como curiosidad, el entonces presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, no asistió al hemiciclo en la jornada de la votación, y otro destacado político como Manuel Fraga se pronunció afirmativamente sobre la propuesta asturiana.
Con este episodio se cerró el periplo de la Cruz asturiana sobre la máxima insignia nacional, un debate que, por ahora, no ha vuelto a aparecer.
