Los propietarios de la empresa Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo) volverán a sentarse hoy en el banquillo de los acusados para retomar un proceso judicial por supuestos delitos contra la Hacienda Pública que fue suspendido el pasado mes de mayo al considerar la juez que faltaba una prueba esencial en el proceso, un anexo de unas mil páginas con más de 200 facturas que acompañaba al informe de los expertos de Hacienda. El fiscal que lleva el caso solicita para cada uno de los dos dueños de Igrafo una pena de seis años y tres meses de prisión y una multa que asciende a 1,28 millones de euros por el supuesto dinero defraudado a las arcas públicas.

Víctor Manuel y José Roberto Muñiz, hermanos y propietarios de Igrafo, serán juzgados por una causa que en su día fue separada del "caso Marea", el escándalo de corrupción que estalló en el seno del gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces en el año 2010. Víctor Manuel Muñiz ya fue condenado a seis años de cárcel en la sentencia de "Marea" por los delitos de falsedad en documento oficial en concurso medial con malversación de caudales públicos y de cohecho, aunque sigue pendiente de su recurso ante el Tribunal Supremo.

El juicio por los supuestos delitos contra la Hacienda pública comenzará hoy a las diez de la mañana en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo. De los cinco delitos que el fiscal les imputa a los dos acusados, tres tienen que ver con presuntas irregularidades en el impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008. Los otros dos son relativos al IVA de 2007 y 2008.

La acusación pública sostiene que los acusados eludieron impuestos y que llevaron "una doble contabilidad que afectaba a la variación de las existencias y ventas al contado". Además, según consta en el escrito del fiscal, incluían en la contabilidad "como deducibles" gastos de los que era "improcedente" su deducción, "bien por tratarse de donaciones o liberalidades o bien por corresponderse con gastos que aún estando documentados con la factura la entrega de bienes o la prestación de servicios referida en el concepto no ha existido". La Fiscalía considera como responsable civil subsidiaria a la empresa y pide que ambos propietarios abonen la multa económica.