El exconsejero de Educación condenado a seis años de cárcel en el "caso Marea", José Luis Iglesias Riopedre, aún siente resquemor con la que fue su "segunda" en el área que dirigía cuando formaba parte de Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces. "Me siento defraudado con María Jesús Otero, no me esperaba algo así de gente allegada", dijo sobre la exdirectora general de Planificación en la Consejería de Educación. Riopedre se expresó así durante el juicio celebrado esta mañana contra los propietarios de la empresa Igrafo, donde declaró como testigo para ayudar a esclarecer si los hermanos Víctor Manuel y José Roberto Muñiz cometieron los delitos fiscales de los que se les acusa.
José Luis Iglesias Riopedre --condenado entre otras cosas en "Marea" por consentir un esquema de contratación que beneficiaba a las sociedades Igrafo y Almacenes Pumarín (Apsa)-- se refirió a María Jesús Otero cuando el abogado de Víctor Manuel Muñiz, Miguel Valdés-Hevia, le preguntó por un viaje de placer que realizó en su día junto a su mujer a Tenerife y que habría pagado Igrafo. "Fue un regalo que me hicieron unos amigos cuando cumplí 70 años (ahora tiene 78). Todos pusieron dinero y se lo entregaron a María Jesús para que pagase el viaje, pero yo no sabía nada de eso", explicó.
El exconsejero también respondió a preguntas sobre otra estancia suya en Barcelona que también habría sido costeada por Igrafo. "Eso fue un viaje a un congreso al que estaba invitado por el Ministerio de Educación. Pensé que estaba financiado por dietas", dijo Riopedre, que durante la sesión de esta mañana afirmó que conocía al empresario Víctor Manuel Muñiz "desde hace mucho tiempo".
La de hoy fue la segunda jornada de un juicio que se prolongará hasta el jueves. Ayer declararon los propietarios de Igrafo, que se declararon inocentes de todas las acusaciones por fraude fiscal. Hoy lo hicieron los sobrinos de María Jesús Otero, el asesor fiscal de las empresas de turismo rural con las que la exdirectora general levantó un imperio --apartamentos, adosados, chalés y casas rurales de lujo-- y un albañil y un escayolista a los que se les preguntó por algunas obras en centros educativos y dependencias públicas relacionadas con Igrafo.
El piso de zaragoza
A uno de los sobrinos de María Jesús Otero las partes le preguntaron por la reforma de un piso de su propiedad en Zaragoza que también se habría realizado a cargo de Igrafo. "Mi tía fue la que se encargó de buscar la empresa para las obras y de costearlas. Lo pagó todo ella, fue un regalo", aseguró.
El procedimiento judicial seguirá mañana con el análisis de las periciales y finalizará el jueves con las conclusiones de las partes. Los propietarios de Igrafo se enfrentan a una pena de seis años y tres meses de prisión y una multa que asciende a 1,28 millones de euros por el supuesto dinero defraudado a las arcas públicas. Este juicio fue suspendido el pasado mes de mayo al considerar la juez que faltaba una prueba esencial en el proceso, un anexo de unas mil páginas con más de 200 facturas que acompañaba al informe de los expertos de Hacienda.
