La Consejería de Sanidad lucha contra sí misma. El próximo mes de noviembre, entrará en vigor un decreto del Principado que establece los tiempos máximos que deberán esperar los pacientes de la red pública para una serie de consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas que la Administración considera prioritarias. El problema estriba en que, en el momento actual, las demoras en algunas especialidades y pruebas son superiores a las que indica la futura norma, que ya fue prometida hace más de 15 años.
En consecuencia, Sanidad está reforzando su plan de choque para no incumplir el decreto desde el momento mismo en que inicie su vigencia. Eso explica que, el pasado mes de junio, el Servicio de Salud (Sespa) reanudara, después de seis años de interrupción, las horas extraordinarias de médicos para acortar las esperas de determinadas especialidades de consultas externas.
El Ejecutivo tiene previsto aprobar el decreto a finales de este mes o principios del próximo. La norma entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA. El texto fija tres plazos máximos. Por una parte, 60 días (dos meses) para colonoscopias, mamografías, ecografías, tacs y resonancias. También 60 días para consultas de ginecología, oftalmología, traumatología, dermatología, otorrino, neurología, cirugía general, urología, aparato digestivo y cardiología. Y, en tercer lugar, 180 días (seis meses) para intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), operaciones de cataratas, histerectomías e implantes de prótesis de cadera y rodilla.
En el momento actual, las prestaciones sanitarias que están más lejos de cumplir lo que establece el decreto son las consultas de traumatología y oftalmología, que registran esperas de 108 y 70 días, respectivamente. En el ámbito de las intervenciones quirúrgicas, todas las que tienen regulada una espera máxima de 180 días están a día de hoy muy por debajo de esa demora. Lo más peliagudo se centra en las pruebas diagnósticas. La norma indica que todas se hagan en un máximo de 60 días, pero sólo las mamografías se ajustan a este plazo. Las resonancias están muy lejos (95 días de espera media), y lo mismo sucede, con menores demoras, en los TAC (escáneres), ecografías y colonoscopias.
La norma que estipula topes en los tiempos de espera lleva más de 15 años rodando por los cajones de los despachos de la Consejería de Sanidad. En febrero de 2003, este periódico publicó un borrador de lo que por entonces se denominaba ley de derechos y deberes de los pacientes, comprometida por el Gobierno regional el año anterior, a raíz del traspaso de competencias sanitarias. Aquel texto recogía aspectos reiteradamente invocados, como la libre elección de médico y de centro, el derecho a una segunda opinión de un facultativo o la garantía al "acceso a las prestaciones sanitarias en el tiempo mínimo posible que legal o reglamentariamente se determine".
Al contrario de lo que han hecho otras comunidades autónomas, el decreto que está ultimando el Principado no ofrece la posibilidad de ser atendido en un centro sanitario privado en el caso de que la red pública no cumpla con los plazos que ha comprometido. Las opciones que oferta el Gobierno asturiano son los centros sanitarios públicos y los concertados sin ánimo de lucro, que son Jove y Cruz Roja (Gijón), Sanatorio Adaro (Langreo) y la Fundación Hospital de Avilés. Estas alternativas ya vienen ofreciéndose, de hecho, desde hace tiempo.
Uno de los motivos que puede acarrear la pérdida de la garantía de tiempo máximo de acceso a un servicio sanitario es el rechazo del centro alternativo ofertado para la realización de la asistencia.
La Consejería de Sanidad puso en marcha a finales del pasado mes de junio un programa de horas extra -"peonadas" se les llama en el argot sanitario- por las tardes para acortar las listas de espera en las consultas de cuatro especialidades: dermatología, traumatología, rehabilitación y oftalmología. La oferta que entonces se planteó a los médicos de estas disciplinas obtuvo un nivel de aceptación bastante escaso, y Sanidad está tratando de enrolar a más profesionales.
En el año 2016, la Junta General del Principado rechazó una proposición de ley de garantías de prestaciones sanitarias presentada por el PP. Uno de sus elementos medulares era la oferta de alternativas a los enfermos con largas esperas.
