Dar estopa a la exdirectora general de Planificación María Jesús Otero parece haberse convertido en la consigna de los implicados en el "caso Marea". El pasado martes fue el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre quien aseguró sentirse traicionado por Otero, durante su declaración como testigo en el juicio por fraude fiscal contra los hermanos Víctor Manuel y José Roberto Muñiz, gerente y administrador de la desaparecida Igrafo. Ayer, en las conclusiones, las defensas dejaron caer que la exdirectora les había "engañado" con unos servicios que ellos pensaban que eran para la administración, pero en realidad eran para ella.
Miguel Valdés-Hevia, abogado de Víctor Muñiz, puso en duda el material que ha servido a los inspectores de la Agencia Tributaria para basar la acusación. Indicó que parte del material se obtuvo de forma "irregular y extrajudicial". Los inspectores, añadió, hallaron una multiplicidad de documentos, peor dieron prioridad solo a aquellos que "perjudicaban al contribuyente". Algunos, añadió, no reflejan la contabilidad, sino que son simples "proyecciones" de negocio, que pudo hacer cualquier empleado. Otros, los manuscritos, no fueron contrastados. "Ni los auditores ni los administradores concursales apreciaron irregularidades", añadió. E indicó que el propio Abogado del Estado había admitido que Igrafo solo debía 16.000 euros. "Se pagó lo que había que pagar", sentenció. Y apeló a la clemencia de la jueza María Paz González-Tascón, al remarcar que su defendido, ya condenado a 6 años en el "caso Marea", está sufriendo una "desproporción punitiva".
La letrada de Roberto Muñiz, Rosa Álvarez Linera, insistió en que éste no pintaba nada en la empresa. Además, dijo, estaba desvinculado desde 2006, debido a sus enfermedades y una situación familiar "que pone los pelos de punta", según dijo, con hijos con problemas de alcohol, drogas y hasta intentos de suicidio.
