El Gobierno central asumirá la coordinación de actuaciones comprendidas en la ley de Memoria Histórica, con un plan de exhumaciones que incluye un banco de ADN. La decisión se anunció ayer, en la primera reunión mantenida entre el director general de la materia, Fernando Martín, y los responsables en las comunidades autónomas.
La directora general de Justicia, Encarnación Vicente Suárez, representó al Principado en el encuentro celebrado en Madrid y mostró su satisfacción por el resultado, indicando que pese a que el Gobierno de Asturias ya trabaja en la mayoría de las acciones planteadas, a partir de ahora la colaboración con el Ministerio "va a ser inmediata".
Fernando Martín anunció tras la reunión que "habrá presupuesto para Memoria Histórica" y que será a partir de entonces cuando se ponga en marcha el procedimiento. No habló de plazos, pero las previsiones apuntan a establecer programas cuatrienales mediante convenios con las comunidades autónomas.
El primer paso será actualizar el mapa de fosas de víctimas de la guerra civil y del franquismo , ya que constan 2.470 pero faltan por incluir centenares ya localizadas, explicó Martín. También se va a elaborar un "censo de víctimas" y un listado de edificaciones construidas por batallones disciplinarios y prisioneros, además de "chequear" los monumentos en los que pervive simbología franquista. El objetivo del Estado es liderar las exhumaciones, aunque Fernando Martín admitió que habrá que esperar a los próximos presupuestos generales del Estado para que las políticas de memoria histórica cuenten con recursos, ya que la partida actual es "cero". Según Fernando Martín, el objetivo de la medida es que "una partida significativa" de ese presupuesto vaya destinado a exhumaciones.
