La sentencia hecha pública ayer por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial se puede recurrir ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que es previsible que haga la abogada encargada de la defensa de José Ángel Fernández Villa, Ana García Boto.

Pese a que la condena es de tres años de prisión, es prácticamente descartable que el exsindicalista ingrese en prisión, según coincidieron en señalar las fuentes jurídicas consultadas. Primero, porque el fallo de la Audiencia Provincial no es firme y segundo, porque el ingreso en un centro penitenciario es una medida cautelar que se aplica cuando se dan varios supuestos, que en principio no parece que se produzcan en el caso de Villa. Son, por ejemplo, el riesgo de fuga, o que su libertad suponga un peligro público. A esto hay que sumar su estado de salud, muy delicado según los múltiples informes médicos que se han manejado durante la instrucción del caso y también durante el juicio.

Las mismas fuentes jurídicas coincidieron en que la defensa presentará recurso de casación "sustentándolo en cuestiones formales", según dejó traslucir en sus continuas protestas al tribunal durante la vista oral. Ana García Boto se quejó, entre otras cosas, de la presencia de los medios de comunicación en el juicio; de filtraciones a la prensa; de que la causa fue instruida por un órgano judicial incompetente; denunció una vulneración del derecho a la defensa, y que se han juzgados cuestiones prescritas.

Tres años de cárcel

José Ángel Fernández Villa, el otrora todopoderoso líder sindical minero y político, ha sido condenado a tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Según la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, se quedó con 434.158,43 euros que eran del sindicato minero SOMA, que él dirigió con mano férrea durante algo más de tres décadas. Villa ha mantenido siempre su inocencia, pero el tribunal afirma en su fallo que el exsindicalista "estimó (...) que todo aquello que se percibiera, aunque fueran fondos del sindicato, era para él".

La condena incluye una multa de 24.000 euros y una indemnización de 431.330,77 para el SOMA por daños y perjuicios, así como la mitad de las costas judiciales. En el fallo judicial consta que Fernández Villa percibe una pensión por jubilación de 30.941,94 euros al año, que es titular de cuentas bancarias con un saldo total de 668.625,23 euros y es propietario o copropietario de doce inmuebles y un vehículo. El exsindicalista tiene embargados sus cuentas y bienes por el "caso Hulla", en el que Anticorrupción investiga de dónde procede el 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal del gobierno del PP, y cuya procedencia apunta a que sería de las obras de construcción de la residencia geriátrica de lujo del Montepío de la Minería en Felechosa, en el concejo de Aller.