José Ángel Fernández Villa, el otrora todopoderoso líder sindical minero y político, ha sido condenado a tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Según la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, se quedó con 434.158,43 euros que eran del sindicato minero SOMA, que él dirigió con mano férrea durante algo más de tres décadas. Villa ha mantenido siempre su inocencia, pero el tribunal afirma en su fallo que el exsindicalista "estimó (...) que todo aquello que se percibiera, aunque fueran fondos del sindicato, era para él".

La condena incluye una multa de 24.000 euros y una indemnización de 431.330,77 para el SOMA por daños y perjuicios, así como la mitad de las costas judiciales. En el fallo judicial consta que Fernández Villa percibe una pensión por jubilación de 30.941,94 euros al año, que es titular de cuentas bancarias con un saldo total de 668.625,23 euros y es propietario o copropietario de doce inmuebles y un vehículo. El exsindicalista tiene embargados sus cuentas y bienes por el "caso Hulla", en el que Anticorrupción investiga de dónde procede el 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal del gobierno del PP, y cuya procedencia apunta a que sería de las obras de construcción de la residencia geriátrica de lujo del Montepío de la Minería en Felechosa, en el concejo de Aller.

José Ángel Fernández Villa fue denunciado por el SOMA y enjuiciado al mismo tiempo que Pedro Castillejo, su mano derecha en la Fundación Infide, del sindicato, y al que la misma sección de la Audiencia Provincial condenó también a dos años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, así como a una indemnización de 114.954 euros.

Fernández Villa mantuvo, según la sentencia, "una conducta de infidelidad que se extiende a lo largo del tiempo, de 1989 a 2012, y ello por quien ostenta puestos de singular importancia sindical y política". Y añade que "hizo suyo y destinó el dinero del sindicato para sus propios gastos, utilizando los recursos ajenos en su provecho y beneficio exclusivo, extendiéndose esa conducta durante años y llevándose a cabo de diversas maneras y formas y por diversas cantidades cada vez".

El tribunal entiende que Villa "se dedicaba al sindicato por completo, no distinguiendo esa actividad sindical, del resto, tanto públicas como privadas, tanto políticas como particulares". De ese modo "estimó, y las personas de su entorno también, bien por afinidad bien por amistad o dependencia, que todo gasto que realizara, toda necesidad que tuviera, habría de ser soportado con cargo al patrimonio del sindicato, así como que todo aquello que se percibiera, aunque fueran fondos del sindicato, era para él".

Así, "cobró cheques emitidos a su nombre para pagar las dietas de los miembros del sindicato por asistencias al Comité Intercentros de Hunosa, quedándose con el dinero", dice el fallo judicial. También el SOMA "hizo frente a diversos gastos del acusado que difícilmente tienen justificación en su actividad sindical, como sombreros, productos dietéticos, farmacéuticos, maletas, libros, etcétera". Y matiza que aunque algunos fueran regalos de cortesía para obsequiar a personas de relevancia política, cultural o social, "ese gasto no se justifica como necesario", y que en todo caso debería ser el sindicato el que los hubiera establecido.

Móviles, libros y dietas

La sentencia añade que lo mismo ocurría con las facturas de sus teléfonos móviles, "en tanto que ya disponía de uno del sindicato, si quería tener otro, él se lo debía costear". También se considera probado que cobraba dos veces las dietas y el kilometraje. Se refiere también a los libros, indicando que "si hubiera necesitado alguno, como en cualquier otro organismo u empresa, hay quien se encarga de adquirirlos", y añade que cuando se produce el cese se deben dejar en la organización, "cosa que no hizo el acusado, sino que se los llevó porque los adquirió para él".

Este proceder se extiende también a los coches, dos Mitsubishi, que figuraban como préstamo no devuelto, por los que el sindicato abonaba mantenimiento, seguros y multas. También un Audi, "que se lo quedó en su poder al cesar en el sindicato".

En definitiva, "el acusado, prevaliéndose de su posición jerárquica sobre el resto de miembros y trabajadores, que no ponían en duda ni discutían sus decisiones o siempre deseos, aprobando incluso su gestión, logró percibir las cantidades indicadas perjudicando el patrimonio del sindicato", concluye la sentencia.