Vipasa, la sociedad pública que gestiona las viviendas del Principado, ha puesto en marcha un innovador proceso de adjudicación de contratos para la reparación y mantenimiento de los pisos. Las cláusulas sociales incluyen un apartado en el que se da mayor puntuación a aquellas empresas que incluyan talleres y charlas formativas sobre oficios en las que se enseñe a los inquilinos a realizar pequeñas reparaciones de mejora y conservación en sus casas.
"Se trata de dar una visión global a las cláusulas sociales que incluimos en las adjudicaciones de contratos, teniendo en cuenta la formación y la empleabilidad, no sólo en las personas que trabajan en las empresas adjudicatarias, sino también en los que reciben el servicio. De esta forma, también se contribuye a mantener las viviendas en buenas condiciones y a medio y largo plazo supone un ahorro en la conservación", explicó la directora de Vipasa, María Montes.
Esta medida se enmarca en el nuevo modelo que la empresa pública ha puesto en marcha para adjudicar los contratos de reparación y mantenimiento. Así, se ha abandonado el modelo tradicional de distribución por lotes geográficos, con adjudicación a cuatro empresas, y se ha implantado el de acuerdo marco, que permite más flexibilidad, agilidad y especialización en función de la reparación que haya que realizar. Precisamente una de las principales quejas de los inquilinos de las viviendas del Principado era la tardanza en reparar averías consideradas urgentes, como fugas de agua o problemas con las calderas.
Nuevas contrataciones
El nuevo modelo consiste en un registro de proveedores en el que figuran 16 empresas, a las que se adjudica el trabajo en función de la obra a realizar, el presupuesto y la disponibilidad. "Esto supone que se paga por el trabajo que se ejecuta porque son contratos individuales, lo que permite una distribución presupuestaria más flexible". Además, al ser varias compañías, si una falla siempre hay alternativa. Y según el tipo de avería, quien acude a repararla es especialista en esa materia: calderas, electricidad, fontanería...
El anterior modelo provocaba que el sistema fuera inflexible, con lo que si una empresa fallaba porque incumplía las condiciones del contrato y se rescindía esa relación, había que volver a realizar todo el proceso de licitación, lo que retrasaba las obras durante meses. Además, si se agotaba el presupuesto de un lote, había que volver a la adjudicación, porque no se podían intercambiar las partidas entre unos y otros. "La burocracia retrasaba enormemente las reparaciones, y los inquilinos podían estar meses sin atender. Era necesario solucionar ese problema porque el gran reto es acortar los plazos", explicó María Montes.
La inclusión de cláusulas sociales en los licitaciones de obras y contratos públicos ha sido uno de los caballos de batalla de la patronal en el pacto de concertación social suscrito con el Gobierno regional y los sindicatos CC OO y UGT. Pero dar puntuación a empresas que impartan formación a los clientes-usuarios es una medida innovadora sin referencias a nivel nacional.
