El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, ha indicado que una vez despejada y aprobada en el Parlamento la Ley de Transparencia este miércoles ha vuelto a reunir la ponencia del Proyecto de Ley sobre la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias cuyo objetivo es dotar medios a los mecanismos de control en la administración pública. La intención de Ciudadanos es que esta ley salga con el máximo consenso posible y se apruebe cuanto antes.
En Ciudadanos consideran que al Proyecto de Ley le "quedan flecos" tras incorporar elementos importes como la ampliación al total del sector público de la inspección. Así ha indicado que a estas alturas ya hay un alto grado de acuerdo entre los grupos y resta perfilar la elevación del rango de la Inspección a una Dirección General.
"Nuestra propuesta pasa porque ese nombramiento lo haga el Consejo de Gobierno pero nos gustaría consensuar nuestra propuesta con todos los grupos y creo que podremos llegar a acuerdos con todos", ha insistido Fernández Bartolomé que ha asegurado que buscarán la unanimidad del Parlamento y que se apruebe "cuanto antes".
Ha manifestado que lo que busca la ley es mostrar un voluntad política de reforma apara mejorar los instrumentos de control de la Administración pública.
Fernández Bartolomé, en rueda de prensa ha insistido en que se trata de mejorar los servicios públicos y para ello el factor económico, pese a ser básico, no es único. Así se ha incidido en la necesidad de voluntad política ya que la Inspección ha estado desaparecida en los últimos 25 años.
"La Ley propone una reforma tranquila, no sangrienta, pero si práctica y operativa", ha explicado el diputado de la formación naranja, que ha indicado que luego dependerá de quien gobierno y de su capacidad para llevarlo adelante.
Desde el grupo parlamentario de Podemos Asturias cuestionaban ayer el contenido final del proyecto sobre la Inspección General de Servicios impulsada por Ciudadanos tras una tramitación parlamentaria en la que, según la formación morada, el texto "ha sido amputado".
La iniciativa fue tomada en consideración en febrero de 2017 por unanimidad en el pleno de la Junta General del Principado e inició así una tramitación en paralelo a otras dos relativas a la transparencia y la lucha contra corrupción presentadas por el Gobierno y por el grupo parlamentario de Podemos.
La iniciativa del Gobierno, la Ley de Transparencia, fue finalmente aprobada e incorporó la Oficina Anticorrupción solicitada por la formación morada, que critica ahora que la normativa propuesta por Ciudadanos, cuya ponencia se reunirá mañana, es "una oportunidad perdida para regenerar de verdad, y no con toques de maquillaje, la administración asturiana".
Según el portavoz de Podemos, Enrique López, de salir adelante el texto como está planteado actualmente, se "blindará" de nuevo la Inspección General de Servicios "para mayor gloria del Gobierno socialista, que siempre ha defendido que sea dependiente del propio Ejecutivo y no independiente, que es lo que necesita Asturias".
Para López, el proyecto inicial ha sido "amputado de manera significativa" al pasar de los 26 artículos iniciales a diez y no ampliar ni mejorar las competencias y los recursos de la Inspección General de Servicios manteniéndola "en una posición subalterna respecto a las consejerías".
De esta forma, según Podemos, se le sigue sustrayendo la posibilidad de abrir expedientes disciplinarios "y tampoco reconoce expresamente la posibilidad de admitir denuncias anónimas".
