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El Principado pide explicaciones por los 1.500 millones extra que Sánchez da a Cataluña

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El Principado pide explicaciones por los 1.500 millones extra que Sánchez da a Cataluña

El Gobierno asturiano recela del acuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña para saldar casi 1.500 millones de deuda. El presidente del Principado, Javier Fernández, exigió ayer que "se aclaren todos los detalles del acuerdo", alcanzado con la Generalitat y que se produce justo antes del inicio de la negociación política para la reforma del sistema de financiación autonómica. Esta arrancó con una reunión donde el Ministerio de Hacienda tuvo que dar explicaciones sobre la cantidad pactada con el Ejecutivo catalán. Se trataba del primer foro multilateral al que acude Cataluña desde el inicio del desafío soberanista, pero el acuerdo con la Generalitat ha provocado la reacción de varios presidentes autonómicos, entre ellos el asturiano.

"Hoy mismo -por ayer- se han pedido explicaciones al Ministerio de Hacienda por esta cuestión", reveló Javier Fernández a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA. El Ministerio aclaró que la cantidad pactada corresponde a dos conceptos. Uno, 700 millones, está relacionado con la financiación de la policía autonómica, los Mossos. "Es habitual que surjan discrepancias sobre el coste efectivo de las competencias, pero como desconocemos cómo se ha calculado esa cantidad pediremos que se aclare en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

El principal punto de discrepancia del Gobierno asturiano con la financiación extra a Cataluña radica en la segunda pata de ese acuerdo, un déficit inversor reconocido en 759 millones de euros, correspondiente al ejercicio de 2008. El Ministerio de Hacienda explicó que ese pago se deriva del cumplimiento de una sentencia firme y no recurrible del Tribunal Supremo de noviembre de 2017. "No se trata de que cuestionemos la información del Ministerio ni la obligación de cumplir una sentencia firme", declaró el presidente del Principado, quien recordó la existencia de una disposición en el estatuto de autonomía de Cataluña, la tercera, donde se señala que el Estado debería invertir en infraestructuras un porcentaje del presupuesto equivalente a la participación de Cataluña en el PIB (en torno a un 18,6%). Javier Fernández matizó que "esta disposición es legal, pero ya el Tribunal Constitucional dejó claro en 2010 que no es vinculante; es decir, que no es de obligado cumplimiento".

El Gobierno asturiano, abundó Javier Fernández, "está en contra de la aplicación de esta disposición adicional tercera. Y no porque queramos detraer fondos a Cataluña, sino porque entendemos que la distribución de la inversión de los presupuestos del Estado no puede quedar supeditada al cumplimiento de este tipo de exigencias territoriales, sino a la decisión de las Cortes Generales". Dada esa posición, añade el presidente del Principado, "y con independencia de que ahora se trate del cumplimiento obligado de una sentencia firme, queremos que se aclaren todos los detalles del acuerdo alcanzado y así lo solicitaremos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

El Principado y otros gobiernos autonómicos, tanto del PSOE como del PP, han venido expresado su preocupación en los últimos meses sobre la repercusión que posibles quitas de la deuda puedan tener en el cómputo de los fondos que se reparten en el sistema de financiación autonómica. Expresaron esa inquietud cuando era Cristóbal Montoro quien sondeaba dicha posibilidad y lo hacen ahora, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya cerrado acuerdos bilaterales con la Comunidad de Valencia y con ahora con Cataluña. En ambos casos, el ministerio de María Jesús Montero ha negado que se trate de acuerdos que afecten a la financiación autonómica.

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