El Principado está a punto de eludir la multa con que le había amenazado la Comisión Europea por las infracciones legales cometidas por la sociedad mixta -de capital público y privado- Sogepsa en la expropiación y urbanización de varios terrenos de la región. Bruselas ha comunicado que las autoridades europeas se dan por satisfechas con los cambios en la ley que da soporte a la empresa que tiene encomendada la gestión del suelo. "Ya no es posible encomendar a Sogepsa, en su forma actual, nuevas tareas de urbanización", concluye Bruselas.
Bajo los auspicios de un grupo de personas que se consideraron perjudicadas por los bajos precios de unas expropiaciones, el abogado Raúl Bocanegra presentó en 2012 una denuncia ante la Comisión. Ahora, seis años después, ha llegado la respuesta definitiva de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. Este organismo da por buenos los cambios que introduce la Ley 4/2017 del Principado de ordenación urbanística, que modifica el decreto legislativo 1/2004. De acuerdo con la nueva regulación, "sólo se permite adjudicar directamente tareas de urbanización a empresas mixtas en las que la selección de capital privado se haya llevado a cabo mediante un procedimiento de selección transparente y no discriminatorio", indica la citada Dirección General. Sogepsa no cumple este requisito.
La Comisión Europea anuncia en su escrito su intención de "archivar este asunto", a menos que el denunciante comunique "nuevos elementos sustanciales que puedan modificar nuestra conclusión". Raúl Bocanegra indicó a este periódico que no tiene intención de proseguir. Si sus clientes aspiran a un resarcimiento de daños, deberán dirigirse a los tribunales españoles, según establece Bruselas.
