En el capítulo de ayer de la batalla contra el peaje del Huerna, Podemos no había ahorrado palabras gruesas para empujar al Gobierno del Principado a alentar la supresión del canon en la autopista. El diputado Daniel Ripa había emplazado a "hacerle la vida imposible a Aucalsa", a no subvencionar a la empresa concesionaria o a liderar un frente judicial hacia la impugnación del contrato que prorrogó la concesión de 2021 a 2050 sobre la base de la defensa de un interés general que, sostiene el parlamentario, "no existe". El Principado no le dijo a esto último que sí. Ni que no. En el pleno de la Junta, el consejero de Infraestructuras hubo de reconocer que no es lo mismo predicar que dar trigo y que la guerra contra el canon que grava el paso rodado de Asturias a la Meseta se ha dado "de bruces con fría y cruda realidad que resulta de reconocer que rescatar es indemnizar", que la fiesta costaría lo que cueste el lucro cesante o hacerse cargo del mantenimiento de la autopista, entre otros gastos, y que eso es mucho dinero. Buscando un modo de aplacar la fogosidad con la que se le reclama la acción contra el peaje, no se negó a cambio el Consejero, mientras tanto, a "intensificar" las bonificaciones que sobre el peaje ya disfrutan algunos de los usuarios de la infraestructura.

Cuando el reproche podemista se concentró en el ardor con el que Lastra defendía la revocación del peaje hace meses, todavía con el PP en La Moncloa, o cuando Ripa le acusó de "mentir porque pensaban que no iban a tener que gobernar", el Consejero replicó volviendo a volver la mirada hacia el Gobierno popular que decidió extender el peaje de 2021 a 2050. Dijo que él nunca sostuvo que la solución fuese el rescate, que quiso abrir el debate sobre la situación en la que quedaría Asturias como consecuencia de la decisión del Ejecutivo anterior de no renovar las concesiones de autopistas de peaje que expirasen en 2018 y reiteró que enfrentarse ahora al toro del Huerna no es fácil ni barato. La demanda de abrir un frente judicial para intentar resolver el contrato en los tribunales sin decir que no, pero tampoco que sí. La sugerencia de Ripa será "escuchada y valorada". Preguntarán, zanjó la cuestión, si algún otro grupo parlamentario está igualmente por la labor.

Venía el parlamentario de Podemos de exponer lo que haría él para hacer frente a la marginación, aparte de asfixiar a Aucalsa ir a los tribunales a defender que el pretendido interés general que impulsó al Gobierno de Aznar -con Francisco Álvarez-Cascos como lugarteniente- a prolongar 29 años el peaje no existe y que la prueba es que el Gobierno del PP no atendió los requerimientos que Podemos le hizo en el Congreso para que lo justificase. "Creemos que las cuentas son falsas", dijo en referencia a las de Aucalsa, y que el contrato sólo ha servido "para llenar el bolsillo de unos sinvergüenzas que llevan años aprovechándose de los asturianos". Y puestos a pagar, remató el argumento, "mejor que el Estado pague cuatrocientos millones a que los usuarios abonen 3.200 hasta 2050".

Para no incurrir en incumplimiento o "insumisión" con la declaración institucional que suscribió toda la Junta a favor de eliminar el peaje, Lastra se acogió ayer a su literalidad: "Acordamos la necesidad de estudiar la supresión del peaje a la mayor brevedad. Y lo estudiarremos".