Las medidas de control e inspección tributaria reportaron a la Administración asturiana ingresos por valor de 42,47 millones de euros en 2017, cantidad inferior a la de los ejercicios precedentes y que procede en buena medida de las medidas para evitar el fraude en el pago del impuesto de sucesiones. Pese al descenso de los ingresos, su importancia respecto al conjunto de la recaudación fiscal que gestiona el Principado sugieren que los controles son en Asturias más intensos que otras comunidades autónomas.
El llamado Ente de Servicios Tributarios, versión autonómica de la Agencia Tributaria nacional, tiene atribuciones para verificar aspectos relacionados con los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y tasas sobre el juego. Lo que se entiende por actuaciones para prevenir y evitar el fraude se producen a través de dos funciones y departamentos distintos del Fisco regional: el área de gestión, donde se comprueban en primera instancia las declaraciones realizadas por los contribuyentes, y la de inspección, dotada de medios personales (inspectores y agentes tributarios) y herramientas informáticas para rastrear los fraudes más comunes: hechos imponibles no declarados, cambios de domicilio ficticios para eludir pagos, beneficios fiscales indebidamente aplicados...
Con esa estructura, y utilizando como guía el Plan de Control que se confecciona cada año desde 2014 -con escasas variaciones desde entonces-, el Principado ha obtenido los resultados que se detallan a continuación, según datos de la Consejería de Hacienda.
Las actuaciones. Los servicios tributarios realizaron en un año 5.360 actuaciones de comprobación e investigación a los contribuyentes de los también llamados tributos cedidos (impuestos de ámbito estatal cuya recaudación y gestión está transferida a las autonomías). Tal número es un 2% superior al de 2016. ¿Qué tipo de acciones se despliegan para evitar el fraude? Uno de los instrumentos principales es la comprobación del valor de las viviendas, locales, fincas y otros bienes que forman parte sustancial de las bases imponibles de los tributos que pagan los herederos (sucesiones) y los propietarios que venden viviendas o coches (transmisiones patrimoniales). El Principado hace miles de esas comprobaciones cada año y a partir de ellas notifica también millares de liquidaciones complementarias para exigir a los contribuyentes pagos extra. Es un procedimiento que ha generado gran controversia en los juzgados, hasta el punto de que el método utilizado hasta hace poco en Asturias y otras regiones para los bienes inmuebles (aplicación de coeficientes sobre el valor catastral) ha sido anulado por el Tribunal Supremo.
La recaudación. Los 42,47 millones de ingresos fruto de los controles tributarios suponen el 33% menos que lo recaudado por la misma vía en 2016. Fuentes de la Consejería que encabeza Dolores Carcedo explicaron que esa diferencia se explica principalmente porque en ese ejercicio de 2016 coincidieron varios "expedientes singulares", de cuantía particularmente elevada. Esas fuentes no precisaron más, si bien en un informe del Ministerio de Hacienda se alude a una investigación sobre una liquidación del impuesto de Sucesiones que destapó en aquel año cuantioso patrimonio sin declarar.
Las medidas de control e inspección a los herederos representan una parte sustancial de los ingresos asociados a los controles antifraude. No han trascendido aún los datos sobre 2017, pero durante el año anterior la cuantía de las actas de inspección sobre el impuesto de sucesiones (24,4 millones de euros) representó el 97% del total. El equipo de inspectores y agentes tributarios tiene la encomienda de hacer seguimientos para detectar herencias no declaradas, comprobar las reducciones y otros beneficios fiscales que los contribuyentes incluyen en sus autoliquidaciones y verificar también si se dan casos de cambios de domicilio ficticios para eludir el pago en Asturias, donde la presión fiscal sobre las herencias es de las más altas de España, salvo para los hijos, cónyuges y otros familiares directos de la persona fallecida, exentos de tributar si el valor de lo que se recibe es inferior a 300.000 euros.
La intensidad. Una forma de medir la intensidad de los controles tributarios consiste en poner en relación el dinero obtenido con ellos por la Administración y el total de los ingresos gestionados. Esa tasa es del 16,78% en Asturias, seis puntos superior a la media española de 2017. Según una información estadística de la Consejería de Hacienda, Asturias se ha mantenido claramente por encima del promedio de las autonomías de régimen fiscal común (todas, salvo las forales País Vasco y Navarra) durante los últimos años.
Los ingresos que gestiona el Principado por los impuestos cedidos ascendieron en 2017 a 253,1 millones de euros. La recaudación por los mismos tributos está descendiendo este año (-2,41% interanual hasta agosto). La causa está en una caída cercana al 20% en los ingresos del impuesto de sucesiones que cabe atribuir al impacto de la reforma que en 2017 elevó de 200.000 a 300.000 euros la exención para los herederos más directos.
