Pieter W. Willemsen, el holandés de 82 que en agosto de 2015 causó con su coche una cadena de accidentes con el restultado de un fallecido y diez heridos, ha aceptado esta mañana una condena de dos años de cárcel, después de que el fiscal Enrique Valdés-Solís rebajase su petición de pena, al estimar que la enfermedad de Parkinson que sufría el conductor le "producía un déficit de control de impulsos, de manea que sus capacidades estaban notablemente limitadas". El fiscal indicó además que no se opondrá a la suspensión del ingreso en prisión del acusado, siempre que abone una multa de 3.000 euros. Inicialmente, la Fiscalía pedía cuatro años de cárcel para el acusado.

Se cumplen así las tesis de la defensa, a cargo de María López-Castro, que siempre indicó que el holandés, un veterinario jubilado con residencia en los Paises Bajos y en Pancar (Llanes), perdió el control del vehículo a consecuencia de la enfermedad de Parkinson que padecía, en grado dos o tres en una escala de cinco. Según la defensa, para evitar un atropello, dio un bandazo, golpeando con una pared, lo que no evitó que atropellase a su primera víctima. A continuación, comenzó a dar bandazos con la intención de evitar nuevos atropellos, lo que no pudo evitar en la persona de la víctima moral de este siniestro. Finalmente se estrelló contra dos coches. Todo esto ocurrió junto al Cuartel de la Guardia Civil de Posada de Llanes.

Willemsen se presentó en el Juzgado en silla de ruedas. La aceptación de la condena le evitó un juicio en el que posiblemente no hubiese salido bien parado. Y es que uno de los testigos del siniestro, un agente de la Guardia Civil, le vio al parecer hacer tres días conduciendo por Llanes, una posibilidad que la letrada del acusado niega taxativamente. "Me extrañaría que pudiese levantarse de la silla de ruedas", indicó. La abogada había pedido la comparecencia del forense que realizó un informe a petición del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, para determinar si el acusado estaba en condiciones de soportar el juicio. El informe indicaba que sí, aunque arrojaba dudas sobre su imputabilidad, siempre según la defensa.

El acusado ha abonado la mayoría de las indemnizaciones. Quedan no obstante unos 3.000 euros para tres de las víctimas, los gastos hospitalarios y las costas de la acusación particular. El magistrado José María Serrano dictó sentencia firme.