Los funcionarios de Justicia ya habían advertido de que no aceptarían la reforma de la ley del Poder Judicial que se estaba preparando. La Comisión de Justicia aprobó finalmente anteayer miércoles las enmiendas presentadas por el PP, con el voto en contra de Ciudadanos, lo que despeja la tramitación parlamentaria de la reforma. Los funcionarios ya han advertido que se opondrán con todas sus fuerzas a estos cambios y no descartan movilizaciones. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (Staj) sostiene que la reforma establece el nombramiento de un delegado dependiente del Ministerio en cada provincia y en cada sede judicial, quienes tendrán poder sobre todos los funcionarios en detrimento de las comunidades autónomas. Cree además que es un paso más en la politización de la Justicia. "El riesgo de intromisión del poder político en los Juzgados es evidente, por depender de éste la designación de los cargos y tener plena libertad para removerlos a su antojo", señala
Pero además hay otras cuestiones que hacen temer a los funcionarios. Por ejemplo, se eliminan los centros de destino y se unifican en cada municipio. Esto, en la práctica, motivará que los funcionarios puedan ser cambiados de destino, añade incertidumbre en la percepción de retribuciones complementarias o en la asignación de funciones y tareas, así como en la determinación de los puestos de trabajo. Además, el Ministerio de Justicia podrá imponer sanciones por faltas como la desobediencia a órdenes superiores, incluso en aquellas comunidades, como Asturias, con las competencias asumidas. Además, los interinos de refuerzo serán cesados a los 6 meses, sin acordar la creación definitiva de la plaza, y se prohíbe nombrar personal adicional cuando se designen jueces de refuerzo.
