Una nueva tanda de testificales relacionadas con el "caso Hulla" volverá a producirse en el Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo previsiblemente antes de la próxima Navidad. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas preparan ya la lista de testigos a los que quieren llamar para que comparezcan ante la magistrada que instruye la causa, Begoña Fernández. Y también coincidieron en que todo apunta a que las declaraciones se prolongarán durante varios días.
Los letrados de las defensas de algunos de los investigados solicitaron la anulación de las declaraciones de algunos de los testigos realizadas en los últimos meses ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A su entender, estos testimonios no son válidos al no estar presentes las partes personadas en el "caso Hulla". La Fiscalía recurrió y ahora se está a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial de Oviedo.
Pero este trámite no ha impedido que las pesquisas y la instrucción avance, aunque no al ritmo que muchas de las partes implicadas quisieran. "Se está haciendo demasiado largo este proceso", aseguraba una de las fuentes consultadas.
¿Y quiénes serán los llamados a declarar ahora en sede judicial? En principio lo harán todos o casi todos los que han declarado ante la Guardia Civil y cuyos testimonios se han incorporado al sumario. Eso incluiría a los técnicos del Ayuntamiento de Aller que se mostraron desfavorables a la tramitación que envolvió la finca en la que se construyó el geriátrico de Felechosa y la propia construcción. También al que entonces era el alcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, y el que entonces era el edil de Urbanismo y actual alcalde, David Moreno.
Es previsible también la comparecencia de peritos para tratar de esclarecer el coste real de la construcción del edificio.
Y falta por dilucidar si finalmente se llamará a quienes eran presidentes del IRMC en aquella época y secretarios de Estado de Energía, Pedro Luis Marín (PSOE) y Alberto Nadal (PP). El primero suscribió el convenio para conceder los fondos mineros y el segundo lo paralizó cuando se detectaron anomalías.
