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Análisis | Las cifras del Presupuesto del Principado

Blindar el gasto social cuesta 3.000 millones al año

El coste de la sanidad regional ha subido en 350 millones en los últimos ocho años

Blindar el gasto social cuesta 3.000 millones al año

El debate sobre el Presupuesto del Principado llega fiel a su cita y se resolverá, como es costumbre en la Junta General, en las semanas más próximas a la navidad. Hasta entonces Gobierno y oposición tendrán ocasión de negociar sus tira y afloja en un proyecto que, previsiblemente, pasará de los 4.500 millones de euros. El margen de maniobra, pese al tamaño de esa cifra (equivalente casi 750.000 millones de pesetas), es bastante reducid porque la mayor parte de esa tarta presupuestaria se consume en tres consejerías: Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Blindar el gasto social en Asturias ya supone una factura que ronda los 3.000 millones de euros al año. Es decir, los asturianos pagan anualmente en médicos, hospitales, centros de salud, colegios y servicios asistenciales una cantidad cercana al coste de la variante de Pajares que tanto le cuesta terminar a los sucesivos gobiernos centrales quince años después del inicio del proyecto.

El presidente del Principado, Javier Fernández, atribuyó a las políticas "de izquierda" la consolidación en Asturias de un Estado del bienestar en el que ha sido su último discurso en un debate de la región. Unas políticas que, no conviene olvidar, se financian con los impuestos que paga cada ciudadano con sus impuestos, abonados incluso en los momentos más duros de la recesión cuando los recortes fueron norma.

Las tres servicios básicos que concentran todo el esfuerzo social del Principado han venido suponiendo horquillas de entre el 60 y el 68 por ciento del Presupuesto regional desde 2010, año en el que comenzaron a notarse los efectos de la crisis económica en la región. En ese período, el coste de la sanidad pública regional ha experimentado un crecimiento de 350 millones. El dato es tan frío como revelador. El gasto sanitario que en 2010 ascendió a 1.328 millones de euros fue presupuestado en 1.678 millones para 2017 (las últimas cuentas aprobadas y que sirven de referencia para la prórroga de este año). Y el incremento aún sería mayor si se tuviera en cuenta la cifra prevista en el proyecto del Presupuesto para el coste de la sanidad de este ejercicio, que ascendía a 1.709 millones de euros aunque finalmente no pasó el corte de la enmienda de totalidad.

En los otros dos capítulos del gasto social la evolución ha sido bastante más discreta. La partida de Servicios Sociales ha pasado de 377,4 millones en 2010 a 392 en las últimas cuentas aprobadas y eso que ese departamento tiene a su cargo la cobertura del Salario Social, la renta básica que ya sirve de red de seguridad a más de 22.000 familias, y cuya factura pasó en los años de la crisis de 32 millones de euros a los 120 millones del último ejercicio cerrado. El coste de Educación menguó, ya que hace ocho años había ascendido a 873 millones y en las cuentas objeto de prórroga para este año ha quedado en 782, casi 91 millones menos. Una reducción que se explica, en buena medida, por la caída progresiva en el número de alumnos a consecuencia del cada vez más acusado descenso de la natalidad.

El reparto de la "tarta" del gasto social también es fiel reflejo de la evolución demográfica y de la pirámide de población que presenta Asturias, con una edad media en alza porque los grupos de población por encima de los 65 años suman 256.642 habitantes mientras que los menores de 19 años se quedan bastante lejos, con 151.237. La mayor cantidad del gasto sanitario de una persona se concentra en los últimos años de su vida mientras que el gasto en educación se realiza en los grupos de edad más jóvenes. Estas dos realidades también influyen en que el gasto sanitario cotiza al alza mientras el de la educación va a la baja. Una ecuación endemoniada si se piensa en el futuro y en la sostenibilidad a medio y largo plazo de una comunidad autónoma que hace sólo cuarenta años estaba más cerca del millón y medio de habitantes que por debajo del millón que el Instituto Nacional de Estadística proyecta para Asturias a corto, muy corto plazo, en el entorno de 2020.

Como los recursos son limitados, y más aún con la caída de ingresos derivada de la gran recesión, el blindaje del gasto social requiere compensaciones. En primer lugar, a inversión tuvo que caer a mínimos históricos. Si antes de la crisis el Principado llegó a destinar a obra pública partidas que sumaban 1.000 millones de euros, en plena recesión bajó hasta poco más de 100 y en los últimos años la "recuperación" de la inversión pasa por partidas de poco más de 300 millones. El Principado también tuvo que recurrir a la deuda para cuadrar sus cuentas: si en 2008 los nuevos créditos eran de 130 millones, ahora el recurso a nuevos créditos se ha multiplicado por cuatro y casi por cinco para devolver el acelerado endeudamiento.

Hasta aquí, las cifras. Ahora que la factura de blindar el gasto social merezca la pena dependerá, sobre todo, de la evaluación que los asturianos hagan de la prestación de los servicios públicos a cuyo sostenimiento contribuyen.

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