Una jueza de Oviedo acaba de dictar una sentencia prácticamente inédita en relación a una reserva de hotel por internet. El fallo reconoce el derecho a anular una reserva realizada a través de una página web, sin que ello suponga coste alguno para el cliente. La abogada Ana Cristina Alonso ha logrado que prospere la reclamación que presentó, en nombre de un matrimonio ovetense, contra el portal Booking y que la jueza califique como "abusiva" la cláusula que obliga a abonar el importe total de la reserva en caso de cancelación.
El hijo del matrimonio reservó el 11 abril de 2017 dos apartamentos turísticos en Praga, para varios meses después, con la tarjeta de sus padres y con su conocimiento, por un importe de 549 euros. Dentro de las condiciones de esa reserva figuraba la advertencia expresa de que "si cancelas la reserva pagarás el importe total". Pero el joven se percató de que había cometido un error en las fechas y al día siguiente comunicó al portal de viajes la equivocación y que quería modificarlas. Booking contestó, por correo electrónico, que no podía hacer una excepción y a los seis días de la reserva, el 17 de abril, cargó en la cuenta de los padres del joven, que era menor de edad, 573 euros por la reserva y por gastos e impuestos. La página web alegó que no era una agencia de viajes y que únicamente realizaba una actividad de mediación entre el cliente y la empresa que ofrecía los apartamentos en Praga. Pero añadió que en las condiciones se aclaraba que el precio de la reserva variaba "en función de la posibilidad o no de cancelación".
La letrada ovetense Ana Cristina Alonso basó su reclamación en la posible abusividad de esas cláusulas de cancelación, una pretensión admitida por la jueza por las siguientes razones, entre otras: Booking "tuvo la posibilidad de concertar un nuevo contrato de alquiler dado el largo plazo" comprendido entre el aviso del cliente y la fecha de la reserva y, además, el joven pretendía modificar la fecha de la reserva, no su cancelación. La jueza añade que el portal de viajes no acreditó haber hecho gestión alguna con la empresa de los apartamentos para ver si había posibilidad con el cambio de fechas y también vio abusivo el cobro de 573 euros de tal forma que "el servicio no prestado les resultó más caro que si efectivamente hubiesen acudido", recoge el fallo judicial.
