Era cuestión de tiempo, según los magistrados consultados en los últimos años. El alargamiento, hasta límites exasperantes, de los procesos instruidos por la magistrada Pilar de Lara hasta límites exasperantes, la exacerbación investigadora y la dureza con la que ha tratado a algunos imputados en casos como "Pokémon" o "Carioca", ya habían provocado algunas denuncias por parte de los abogados gallegos y agrias diatribas por parte de la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Lugo, la Audiencia Nacional e incluso el Supremo. Ahora, y como resultado de una inspección extraordinaria realizada por el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mayo en el Juzgado número 1 de Lugo, se ha abierto un expediente disciplinario a la magistrada por "retrasos injustificados" y "abuso procesal".
Se trata de faltas graves, por lo que la jueza -muy ligada a Gijón, de donde procede su marido-, se enfrenta a un castigo que puede ir desde la mera advertencia -poco probable-, a una multa de 6.000 euros, pasando por el traslado a una sede separada a no menos de 100 kilómetros de Lugo o una suspensión que puede ir desde unos días a tres años. Si el instructor lo considera necesario, puede incluso ser separada de la carrera judicial. El traslado forzoso le impediría concursar a una nueva plaza en el plazo de tres años.
Los motivos
En una nota del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), se indica que la apertura del expediente disciplinario se debe a "la supuesta comisión de la falta prevista en los artículos 417.9, 418.11 y/o 419.3 de la LOPJ (desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales) y de la prevista en el artículo 418.16 de la misma norma (adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el CGPJ)". Añade en TSXG que "la incoación del expediente se basa en las actas levantadas por el Servicio de Inspección en relación con la situación del juzgado, entre ellas la resultante de la inspección extraordinaria realizada entre los pasados 21 y 31 de mayo". De Lara parece haber agotado su crédito.
La "operación Pokémon", que es la que más afecta a varios políticos asturianos, comenzó a ser instruida en septiembre de 2012, hace ahora poco más de seis años. El secreto de sumario se levantó en enero de 2014, pero la magistrada continuó ampliando las investigaciones. La instrucción estuvo prácticamente parada en los últimos dos años y ha terminado siendo desgajada tras una decisión del Tribunal Supremo de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, pasando los asuntos que tienen que ver con Asturias a un Juzgado de instrucción de Avilés.
La instrucción del "caso Carioca" -un caso de prostitución que implica a miembros de las fuerzas de seguridad- no se queda atrás. Ahora mismo se acumulan nueve años de instrucción. El pasado junio, la jueza alargó las investigaciones hasta diciembre de este año. En ese momento, todavía podría prorrogar medio año más la instrucción.
