Un decreto que es, en realidad, "una tomadura de pelo". Afectados por las listas de espera de la sanidad asturiana constituidos en la plataforma Stop Listas de Espera han manifestado esta mañana que la norma del Principado sobre garantía de tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias que entró en vigor ayer es "una tomadura de pelo hacia los ciudadanos".
Uno de los afectados, Jorge Estrada, ha explicado su caso y ha comentado que en abril de 2016 entró en la lista de espera para una operación de cadera en el HUCA. Fue al año siguiente cuando le llamaron para derivarle al Hospital de Cruz Roja de Gijón, a lo que se negó, y asegura que desde entonces le sacaron de la lista y no ha vuelto a tener noticia alguna.
"Lo que hacen es derivar a un centro privado o concertado para que te niegues y hacerte desaparecer de la lista de espera", ha indicado Estrada, quien ha criticado que lo que busca el Gobierno es "financiar la sanidad privada".
Según Estrada, en la actualidad hay 17.000 personas en listas de espera y no existe decreto alguno que pueda hacer desaparecer esta lista.
Sesenta días
El nuevo decreto fija tres plazos máximos. Por una parte, 60 días (dos meses) para colonoscopias, mamografías, ecografías, tacs y resonancias. También 60 días para consultas de ginecología, oftalmología, traumatología, dermatología, otorrino, neurología, cirugía general, urología, aparato digestivo y cardiología. Y 180 días (seis meses) para intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), operaciones de cataratas, histerectomías e implantes de prótesis de cadera y rodilla.
Las protestas de esta mañana se suman a otras, como la formulada hace unos días por FACUA-Consumidores en Acción, que se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para solicitarle que tome las medidas necesarias para reducir los tiempos de espera en la ejecución de pruebas diagnósticas en los centros sanitarios de la región.
El decreto no explicita ninguna alternativa para los casos en los que se rebasen los topes de demora previstos. Tampoco establece mecanismos para exigir el cumplimiento de los plazos. Según los juristas expertos, el nuevo decreto, aunque no ofrezca soluciones directas si incumple la norma, sí "refuerza la posición" de los usuarios que se propongan reclamarlas por las vías administrativa y judicial.
El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, explicó ayer que "lo que planteamos en el decreto es ofertar a los ciudadanos, antes de llegar al máximo de 60 días, mecanismos alternativos para que esas consultas se produzcan dentro de los recursos públicos o concertados, que son suficientes". Es decir, que esas alternativas no incluyen la opción de ser derivado a un centro sanitario privado.
Serán ofrecidas en los establecimientos públicos y en los concertados sin ánimo de lucro, que son Jove y Cruz Roja (Gijón), Sanatorio Adaro (Langreo) y la Fundación Hospital de Avilés. Estas posibilidades ya vienen ofreciéndose, de hecho, desde hace tiempo.
