La plataforma "Stop Listas de Espera" presentará hoy viernes, en la sede del Servicio de Salud del Principado (Sespa), las primeras reclamaciones por incumplimientos de la nueva norma que garantiza unos tiempos máximos de espera en determinadas facetas de la asistencia sanitaria.
El decreto no explicita ninguna alternativa para los casos en los que se rebasen los topes de demora previstos. Tampoco establece mecanismos para exigir el cumplimiento de los plazos. Según los juristas expertos, el nuevo decreto, aunque no ofrezca soluciones directas si incumple la norma, sí "refuerza la posición" de los usuarios que se propongan reclamarlas por las vías administrativa y judicial.
El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, explicó ayer que "lo que planteamos en el decreto es ofertar a los ciudadanos, antes de llegar al máximo de 60 días, mecanismos alternativos para que esas consultas se produzcan dentro de los recursos públicos o concertados, que son suficientes". Es decir, que esas alternativas no incluyen la opción de ser derivado a un centro sanitario privado. Serán ofrecidas en los establecimientos públicos y en los concertados sin ánimo de lucro, que son Jove y Cruz Roja (Gijón), Sanatorio Adaro (Langreo) y la Fundación Hospital de Avilés. Estas posibilidades ya vienen ofreciéndose, de hecho, desde hace tiempo.
"Buscaremos todos los mecanismos procedentes", destacó el titular de Sanidad, quien agregó que las demoras no siempre son consencuencia de un funcionamiento deficiente del sistema sanitario: "Hay lugares con patologías en las que estamos muy apretados de plazos por propia decisión de los pacientes; sin embargo, esas mismas patologías en otros hospitales están mucho más holgadas, con esperas incluso por debajo de 30 días". Del Busto pronosticó que, "con el tiempo, conseguiremos atender en el sistema público a todos los pacientes en el tiempo previsto".
El Consejero comparó los tiempos de espera de la sanidad asturiana con los contabilizados en el resto de España: "Somos la tercera o la cuarta comunidad autónoma con menores demoras. Hemos bajado en casi 22.000 primeras consultas".
El nuevo decreto autonómico establece que "las personas inscritas en el Registro [de Demanda Asistencial] tienen el derecho a conocer su situación de inscripción y la estimación de tiempo de respuesta asistencial".
