IU orientó ayer su posición en la negociación presupuestaria introduciendo entre sus propuestas al Gobierno del Principado una demanda de incremento del impuesto que grava las hipotecas. Aprovechando la reforma legal recién aprobada para hacer que los bancos paguen el tributo, y dado el margen de maniobra que en este terreno le cabe a la administración autonómica, la coalición plantea el paso del tipo que se aplica en Asturias del 1,2 por ciento actual al 1,5, el máximo permitido. Según los cálculos de la coalición, la subida permitiría un alza en la recaudación de más de ocho millones de euros y contaría con la ventaja sobrevenida de que el peso del aumento de la presión fiscal ya no recaería sobre los consumidores. La oferta está sobre la mesa del Gobierno, que según fuentes de la negociación la ha acogido con sorpresa inicial y voluntad de estudiarla.
La posibilidad de tocar el tipo impositivo del tributo de actos jurídicos documentados equipararía al Principado, siguen las mismas fuentes, con otras autonomías que ya antes de la reforma lo habían subido al 1,5 por ciento, entre ellas todas las del entorno inmediato de Asturias. Su planteamiento se completa con la convicción de que la reciente asignación por decreto del pago del impuesto a la banca permite inferir que la subida no afectaría a la evolución del mercado hipotecario o al crecimiento de la actividad económica.
Desde la coalición también han invitado al Ejecutivo a valorar el encaje que tendría la medida con el contenido del Real Decreto recién aprobado por el Gobierno socialista, que permite subir el tipo del tributo pasando la presión fiscal del ciudadano al banco. Sostienen además que la decisión no se apartaría ni del espíritu ni de la letra del acuerdo estatal con Unidos Podemos que todas las partes admiten como guía en la negociación del presupuesto autonómico para 2019. Con todas esas condiciones previas, añaden, el Principado no tendría por qué tener ningún problema en aceptar.
La propuesta incluye la posibilidad de dedicar la expectativa de recaudación adicional a la financiación de la Universidad de Oviedo y plantea la subida como una fórmula indirecta de conseguir un compromiso de la banca con Asturias. El impuesto de actos jurídicos documentados, que tiene el grueso de su recaudación asignado a la constitución de créditos hipotecarios, es un tributo de la Administración que recaudan las comunidades autónomas y su tipo varía en función de las autonomías entre el 0,5 y el 1,5 por ciento de la base imponible. Asturias y Baleares gravan con un 1,2. Por encima hay diez regiones que ya llegan al 1,5; por debajo La Rioja, con el uno; Canarias y Madrid, con el 0,75, y País Vasco y Navarra, que aplican el tipo mínimo.
La controversia generada en las últimas semanas por las decisiones contradictorias del Tribunal Supremo sobre quién ha de ser el sujeto pasivo del impuesto y su resolución final de asignárselo al cliente en beneficio de la banca han tratado de ser atajadas con el cambio legal que acaba de aprobar el Gobierno: el tributo lo pagarán los bancos. Para tratar de despejar la duda respecto al margen de maniobra que todavía les quedaría a las entidades financieras para repercutir el gasto al usuario el Ejecutivo ha decretado la prohibición adicional de que deduzcan este gasto en su declaración del impuesto de sociedades. El Gobierno ha descartado asimismo que los bancos vayan a transmitir al cliente el nuevo coste tributario que se les genera encareciendo los tipos de interés o incrementando las comisiones.
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