El nuevo decreto del Principado que establece un límite a los tiempos de espera en algunas prestaciones sanitarias apenas ha sido publicitado entre los usuarios, criticó ayer Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias). La nueva normativa autonómica entró en vigor el pasado día 8 sin concretar los mecanismos que deben emplear los pacientes pendientes de pruebas diagnósticas y de determinadas consultas con el especialista, cuya asistencia se demora más de 60 días. Para ciertas cirugías, el tope de espera es de 180 días.
A juicio de Alonso, este déficit de difusión "pone en cuestión la confianza del sistema sanitario en que la norma pueda generar nuevos derechos". Como consecuencia, agregó, "se corre el riesgo de crear unas expectativas falsas y de terminar provocando lo contrario de lo que se pretende, es decir, frustración entre los ciudadanos". "¿Cómo se va a ejercer un derecho que se desconoce?", se preguntó Dacio Alonso en tono retórico.
El máximo responsable de UCE-Asturias agregó que, antes de dar luz verde a la nueva normativa, Sanidad tendría que haber convocado a la comisión de participación ciudadana sobre listas de espera que ya venía funcionando para informar a sus miembros "sobre la situación de partida de la nueva normativa", cosa que "no se ha hecho". El decreto establece la creación de un consejo de participación para el seguimiento y control de la misma materia, pero todavía no ha sido constituido.
"Tomadura de pelo"
El nuevo decreto fija tres plazos máximos. Por una parte, 60 días (dos meses) para colonoscopias, mamografías, ecografías, tacs y resonancias. También 60 días para consultas de ginecología, oftalmología, traumatología, dermatología, otorrino, neurología, cirugía general, urología, aparato digestivo y cardiología. Y 180 días (seis meses) para intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), operaciones de cataratas, histerectomías e implantes de prótesis de cadera y rodilla.
"Las cosas no se han hecho bien. Una norma de esta trascendencia tiene que ir precedida de una campaña de información sobre los derechos a los que da lugar, y lo único que saben los usuarios es lo que han publicado los medios de comunicación", indicó Alonso.
Esta crítica se suma a la formulada el pasado viernes por un grupo de integrantes de la plataforma "Stop Listas de Espera", quienes manifestaron que la nueva norma del Principado sobre garantía de tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias es "una tomadura de pelo hacia los ciudadanos". Algunos integrantes de este colectivo presentaron las primeras reclamaciones en la sede del Servicio de Salud (Sespa).
