El Gobierno del Principado aprobó ayer la ley con la que pretende apuntalar la "racionalización y universalización de la atención médica y social" al colectivo transexual. La nueva norma -"de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y de género"- recibió el asentimiento del Consejo de Gobierno y en breve llevará al atasco legislativo de la Junta su pretensión de dar rango de ley a la administración de los tratamientos de cambio de sexo que ya presta el servicio público de salud en una unidad especializada en el Hospital San Agustín de Avilés. El texto de la norma recién aprobada admite expresamente el tratamiento hormonal, "el proceso quirúrgico genital, aumento de pecho y masculinización de tórax", así como los "tratamientos que tiendan a la modulación del tono y timbre de la voz" y en su caso la asistencia psíquica.
La ley prevé un estricto catálogo sanciones que llegan a 45.000 euros para casos graves de agresión o acoso e incorpora un protocolo para preservar la identidad sexual de los alumnos en el ámbito educativo o criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de empleo público.
