Los propietarios de la empresa Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo), Víctor Manuel y José Roberto Muñiz, han sido condenados a cinco años de prisión cada uno y una multa de 1,3 millones de euros por cinco delitos contra la Hacienda Pública. La sentencia ha sido recurrida en apelación.
Esta causa fue es una pieza separada del "caso Marea", el mayor escándalo de corrupción juzgado hasta ahora en Asturias y que estalló en el seno del gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces en 2010. Víctor Manuel Muñiz ya fue condenado a seis años de cárcel en la sentencia de "Marea" por los delitos de falsedad en documento oficial en concurso medial con malversación de caudales públicos y de cohecho, aunque sigue pendiente de su recurso ante el Tribunal Supremo.
El juicio contra los hermanos y dueños de Igrafo por fraude a las arcas públicas se celebró el pasado mes de septiembre, después de que fuera suspendido en mayo al considerar la titular del Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo que faltaba una prueba esencial: un anexo de un millar de páginas con más de 200 facturas que acompañaba al informe de Hacienda.
La Fiscalía solicitaba para cada uno de los acusados una pena de seis años y tres meses de prisión y una multa que ascendía a 1,28 millones de euros por el dinero defraudado a las arcas públicas.
Las defensas reclamaron la nulidad de las pruebas por una pérdida en la custodia de la documentación incautada. Y además, señalaron que el volcado de los datos del lápiz USB incautados en la sede de Igrafo se habría realizado sin que estuviera el secretario judicial.
Las cifras
La juez considera en la sentencia que la "controvertida" documentación intervenida, tanto en soporte informático como en papel, responde a una "realidad contable oculta frente a la oficial" con la que operaba la sociedad. Y utilizando esa doble contabilidad, los acusados modificaron "interesadamente" la base imponible sujeta a la tributación por el Impuesto de Sociedades entre 2006 y 2008, para reducir la cuota a ingresar, lo que conllevó un fraude en el IVA.
Según el fallo, la cuota defraudada ascendió a 247.156 euros en 2006, otros 498.484 en 2007 y 283.428 euros en el año 2008 por el Impuesto de Sociedades. A esas cantidades hay que sumar las cuotas defraudadas por IVA, que ascendieron a 121.956 euros en 2007 y otros 137.365 de 2008.
En los dos primeros ejercicios, a través de regularizaciones mediante ingresos y presentación de declaración complementaria, se efectuaron dos ingresos, de 13.884 y 10.432 euros, que detraídos de la cuota resultante de la realidad contable determina la que se considera defraudada.
