Al fin hubo acuerdo. Las tres comunidades de los Picos de Europa, Cantabria, Asturias y Castilla y León, cerraron ayer, durante una reunión en Santander, el texto definitivo del futuro plan rector de uso y gestión (PRUG) del parque nacional. Un texto "de consenso", que será presentado en diciembre al patronato y que se expondrá al público antes de que concluya el año, si no hay retrasos de última hora, según fuentes del Gobierno del Principado. El Parque lleva 13 años sin PRUG, tras la anulación del anterior por los tribunales de justicia.
El futuro plan de uso "integra la conservación del espacio protegido y las actividades tradicionales" e intenta" conciliar los intereses de todos" los implicados. El Ejecutivo asturiano augura que "nadie" se sentirá "agraviado" con el futuro plan rector, pues "facilitará las actividades tradicionales, ganadería, senderismo, escalada..., y recoge un alto grado de conservación".
"Que todos los implicados se sientan cómodos" fue el objetivo de los tres gobiernos de los Picos de Europa. El plan de uso permitirá, por ejemplo, los desbroces y las quemas controladas, pero impedirá cualquier afección a la Red Natura, señalaron las fuentes consultadas.
Denuncia del dicrector cesado
Pero el parque nacional se enfrenta a un nuevo problema: el anterior codirector asturiano del espacio protegido, Rodrigo Suárez Robledano, cesado hace unos días por "pérdida de confianza", ha denunciado los "presuntos ilícitos penales" derivados de la apertura de un expediente disciplinario "directamente, de forma irregular y de modo genérico (con acusaciones genéricas que recuerdan a las 'causas generales' de otros tiempos afortunadamente pasados", según una "nota aclaratoria" que remitió a este periódico. Suárez Robledano niega ser responsable del "desorden contable" señalado por el Principado como motivo de la apertura del expediente.
El exdirector del Parque acusa de "cobardía y vileza" por estar "detrás de todo este lamentable e irregular proceso" a una persona de la que no da el nombre, aunque lo define como un "mando intermedio de la Consejería que está paralizando toda la gestión del Parque" y lo acusa de "inoperancia". También destaca las "insidiosas y falsas imputaciones que parecen deslizarse del avieso comportamiento de ese directivo de muy segundo nivel que está promoviendo todo esto". Niega cualquier desorden contable bajo su mandato y resalta que todas las cuentas están auditadas, aprobadas por la comisión de gestión del espacio protegido y remitidas a la Sindicatura de Cuentas del Principado, al Consejo de Cuentas de Castilla y León y al Tribunal de Cuentas del Estado.
Añade que todos los documentos contables de este año cuentan con acuerdos de la comisión de gestión, revisión e informe favorable del servicio de Contratación de la Consejería de Infraestructuras "y refrendo por firma del Consejero o director de turno".
Añade que la responsabilidad de todos los asuntos contables en el Parque corresponde al gerente del consorcio que rige ese espacio natural, "que es a quien habría que pedir cuentas, de haber alguna cuestión inadecuada, que no la hay, ya que todos los informes de auditoría emitidos hasta ahora" no han resaltado "ninguna disfunción contable y sí, solo, incumplimientos por parte del ámbito directivo (comisión de gestión del consorcio)".
