La falta de control directo del Parlamento autonómico sobre la gestión de los asesores de los grupos políticos obligará a reformar el sistema actual de relaciones laborales con ese personal de confianza. La Junta General del Principado cuenta en la actualidad con 48 puestos de asesor o personal eventual, que suponen un coste para las arcas públicas de casi 2 millones de euros, pero hasta ahora ha dejado en manos de los partidos la gestión de ese personal, una tarea que se lleva en algunos casos con poco rigor y control, según aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes sindicales.
El caso del exasesor del grupo de Foro que ha denunciado incumplimientos laborales sitúa en una encrucijada jurídica al Parlamento regional, la entidad contratante y pagadora del personal eventual, pero que no controla de manera directa las horas que realiza o las vacaciones que disfruta este colectivo, donde se da una casuística diversa. De hecho, hay dirigentes de partidos que cobran su sueldo por esta vía aunque no tienen su puesto de trabajo en la Junta General. Los servicios jurídicos de la Cámara han trasladado su preocupación y han recomendado a los partidos establecer una regulación para el personal eventual. El asunto ya se ha tratado en varias reuniones de la junta de portavoces y de la Mesa de la Junta, el órgano de gobierno del Parlamento, aunque ningún partido ha hecho referencia pública. "Es un asunto incómodo, hay una honda preocupación en la institución de la Junta General y la denuncia ya está en la Inspección de Trabajo", comentó a este periódico Sergio Peña, presidente del sindicato CSIF al que está afiliado el exasesor cuya reclamación ha abierto la espita.
La Junta General tiene en la actualidad 48 asesores, una cifra que se negocia al principio de cada legislatura y reparte en función de los resultados de cada partido. El PSOE cuenta con 13 eventuales, el PP tiene 10; Podemos cuenta con 8; Izquierda Unida dispone de 7 asesores; Foro tiene cinco asesores y Ciudadanos otros tantos. Ese personal supone un desembolso a las arcas regionales de 1,9 millones anuales. Además, los grupos se reparten otros 2,7 millones en asignaciones para su funcionamiento.
Casuística muy variada
Hasta ahora el mecanismo de nombramiento y designación de los asesores es el siguiente: en función de la representación parlamentaria cada partido recibe una cantidad para ese personal de confianza y en algunos casos incluso trocea o reparte los contratos a su antojo. La entidad contratante y pagadora es la Junta General que, en cambio, no realiza ni tiene ningún control sobre si se cumplen los derechos laborales de esos trabajadores o sobre si realmente desempeñan las funciones para las que han sido contratados. Así, hay asesores con media jornada que abona el Parlamento y que completa el partido con otro salario distinto o incluso empleados a jornada completa que dedican la gran mayoría de su actividad laboral a tareas del partido. Entre el personal de confianza existen casos en los que la labor del asesor sí se ciñe a la definición de su trabajo, pero en otros no. De hecho, en la nómina de asesores contratados por la Junta hay incluso dirigentes políticos que no son diputados, personal de secretaría o gestión económica que trabajan en las sedes de algunos partidos, empleados auxiliares que desempeñan tareas tanto para dirigentes parlamentarios como para los de la respectiva formación política o responsables de prensa que realizan labores de comunicación no solo de la actividad parlamentaria sino también del partido.
La denuncia del exasesor de Foro, que se encargaba de las tareas de comunicación y fue cesado como personal de confianza de la Junta a instancias de su partido, ha puesto sobre la mesa varios problemas de fondo. El denunciante reclama al Parlamento, porque era su pagador, horas extra que la Junta no puede acreditar porque no lleva control directo del tiempo que trabajan los asesores, ni dónde desempeñan su tarea ni cuál es esta. Ahora una de las opciones que está en estudio consiste en establecer un sistema de "fichado". Y es que, según fuentes parlamentarias, algunos de los presuntos trabajadores de la Junta apenas lo pisan pero reciben los beneficios, como becas de estudio para hijos o el seguro médico. "Basta venir aquí el día que toca sacar sangre para la revisión médica y ver cuántas personas aparecen que casi no vienen por aquí".
La cuestión no es sencilla. Los asesores, al ser personal de confianza, pueden ser despedidos de inmediato y sus contratos se extinguen al final de la legislatura. La opción de trasladar a los partidos un dinero para pagar a los eventuales no gusta a algunas formaciones políticas, ya que entonces los trabajadores se someterían al régimen general; es decir, pasarían a tener contratos fijos a los tres años y habría que cumplir las preceptivas obligaciones en cuanto a preaviso o indemnización por despido.
