La Junta General del Principado ha dado de paso esta mañana, con los votos en contra de PP y Foro, la ley de transportes y movilidad sostenible, con su intento de adaptación de la regulación de la primera parte de su denominación, el transporte, a la segunda, la sostenibilidad, y su pretensión de promover los mejores modos de apuesta por los medios públicos y limpios de movimiento. Los defensores del texto en su versión final, muy matizada después de un largo proceso de elaboración y de la presentación de hasta 268 enmiendas, justificaron su necesidad en la urgencia de atajar la obsolescencia de la normativa autonómica de transportes, que databa de 1987, y de adaptarla a los modos del siglo XXI, con los problemas que plantea el incremento del uso del vehículo privado. Destacaron en algún caso además la mejora a la que el texto ha sido sometido para dar, según el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, más peso a la movilidad sostenible que al transporte. "Era un mal proyecto", remarcó Ovidio Zapico (IU) y al final "ha quedado una ley digna que ha podido desarrollar algo que en sus inicios era un mero adorno en el titulo, que era la movilidad".

La portavoz de Foro, Carmen Fernández, denostó la norma por la incorporación de "medidas intolerantes que imponen restricciones sin garantizar alternativas" y llegó a asegurar que "el título de esta ley podría ser la obligación de usar bicicletas en Asturias, a lo que yo me hago insumisa". El diputado del PP Rafael Alonso lamentó, entre otras carencias, la escasa presencia en el texto final de las reivindicaciones de los ayuntamientos. "La última palabra la tiene siempre el Consorcio de Transportes", criticó. PSOE, Podemos e IU se felicitaron al unísono por la tramitación y sus consecuencias y por la entrada en vigor de una norma que da importancia, según el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, a "una herramienta que funciona, el Consorcio de Transportes de Asturias".

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