Diariamente, una flota de 948 autobuses y taxis escolares recoge a un total de 15.000 alumnos en toda Asturias y los conduce a los 210 centros de enseñanza en los que estudian y luego de regreso a sus distintas localidades una vez finalizada la jornada lectiva. Se trata de un auténtico reto logístico diario, más complejo si cabe si se tiene en cuenta la dificultad orográfica de la red viaria de la región, con carreteras sinuosas y en algunos casos necesitadas de obras de mantenimiento, con un tiempo adverso durante el invierno. Episodios como el ocurrido anteayer en Villamayor (Piloña), en el que resultaron heridas cuatro personas al colisionar un autocar contra dos vehículos, son bastante raros.
Los últimos datos a mano indican que en 2016 hubo 32 accidentes de este tipo de vehículos (20 en vías interurbanas y 12 en urbanas) en toda España, afortunadamente sin fallecidos, aunque con 17 heridos. Cifras especialmente bajas si se tiene en cuenta el trajín diario de estos vehículos, 17.000 en todo el territorio nacional.
La tarea de trasladar a los niños a los colegios asturianos tiene su coste. La inversión pública por curso escolar en este servicio de transporte es de 22 millones de euros anuales, que cubren el coste de pagar a las empresas transportistas a través del presupuesto del CTA, dependiente de la Consejería de Infraestructuras; el coste de la contratación de los acompañantes de transporte escolar y el de abonar a las familias las ayudas individuales de transporte, sin contar otros costes indirectos de gestión y similares. Teniendo en cuenta que hay 175 días lectivos, el coste diario del transporte escolar asciende a poco más de 125.000 euros, ocho euros diarios por alumno.
De las 942 rutas establecidas en Asturias, con 6.707 paradas, un total de 400 tienen asignadas a 407 acompañantes, que se encargan de velar por que los niños viajen con toda seguridad. Para incrementarla, el Principado, de forma pionera en el país, obligará a partir del 1 de enero a que todos los autobuses dispongan de cinturones y de tacógrafos, aunque las rutas sean cortas, una medida que afectará a unas 200 empresas y las obligará a un desembolso importante.
El mes pasado se inició una campaña de tres meses de duración con el foco puesto en los buses escolares. Los agentes de Tráfico vigilarán especialmente la velocidad, así como el consumo de alcohol y otras sustancias de los conductores, que no pueden sobrepasar los 0,15 centilitros por litro de aire espirado. También se están revisando otros aspectos, como el funcionamiento correcto de la apertura de emergencia de las puertas y los descansos del conductor.
Infracciones a la baja
La última campaña, que se realizó durante cinco días en la penúltima semana de febrero, arrojó datos que pueden calificarse de esperanzadores. Se controló a un total de 178 vehículos, uno de cada cinco de los dedicados al transporte escolar, y sólo en 58 casos hubo denuncias, aunque únicamente por aspectos administrativos. Se trata del menor porcentaje de infracciones que se ha registrado en las diferentes campañas, lo que habla del esfuerzo que están realizando buena parte de las empresas por incrementar la seguridad.
Otro aspecto positivo es que ninguno de los casi doscientos conductores controlados dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas. En Asturias, ha habido algún caso de conductores de autobús ebrios, y hace unos años, en 2014, los agentes de Tráfico sorprendieron a un conductor que había consumido sustancias estupefacientes. El caso más espectacular se produjo el mes pasado en Cuenca, cuando un conductor que llevaba a 16 escolares dio positivo en cocaína.
El de Piloña ha sido el accidente más grave de este año. Hubo otro en Bocines (Gozón), el pasado junio, cuando un autocar se salió de la calzada, aunque afortunadamente no hubo heridos. El sector tiene aún mucho que mejorar. Todo por la seguridad de los más pequeños.
