Cuando Joanna Pachwicewicz -originaria de Bia?ystok, en Polonia- acudió a los servicios sociales asturianos y les contó su caso, enseguida le sacaron a relucir la sentencia de Juana Rivas, la granadina condenada por secuestrar a su hijos. "Se asustaron y no supieron qué hacer", asegura esta mujer, viuda de un riosano fallecido en 1999, con el que tuvo un hijo que tiene ahora 21 años. Joanna se llevó hace unos meses a su hija de 13 años de Inglaterra, cuando las autoridades estaban a punto de quitarle a la menor para darla a una familia de acogida. Ahora está "escondida" en Oviedo, junto a otra mujer, también polaca, denunciada por llevarse a su hijo de ocho años.
Joanna está en guerra con la Convención de La Haya sobre sustracción de menores y quiere armar tanto ruido como sea posible para forzar su eliminación. Dice que le ha destrozado la vida. Por eso no le importa mostrar su rostro, ni desvelar su nombre, a pesar de que es una fugitiva. Cree que la ley de Violencia de Género española la puede ayudar.
Tras enviudar conoció a un peruano, con el que tuvo a su hija Aymará. La relación hizo aguas. Según afirma, él fue condenado por maltrato psicológico y cesó la convivencia. En 2007 asegura que salió legalmente de Perú con su hija para Inglaterra. "Año y medio después, su padre alegó que la había secuestrado. Movió hilos para borrar los movimientos migratorios de mi pasaporte. Alegó que solo había autorizado la salida de su hija por seis meses. Las autoridades inglesas, aunque advirtieron irregularidades, nos pusieron bajo arresto domiciliario e iniciaron los trámites para devolver a mi hija a Perú", relata.
Finalmente, se avino a una conciliación, por la que debía viajar dos veces al año a Perú para que la niña visitase a su padre. En una de esas visitas, en junio de 2014, el hombre, lejos de pagar los 30.000 dólares de alimentos que adeudaba, "presentó hasta seis denuncias por violencia contra mí y exigió que se impidiese la salida de mi hija de Perú. Estuvimos allí año y medio, escondidas. No pude escolarizar a mi hija durante ese tiempo. He llegado a llevarla dentro de una maleta (tenía entonces diez años) para que no la descubrieran. Busqué el apoyo de una diputada y del Defensor del Pueblo y pude salir de Perú, al cuarto intento. Él se enteró de que íbamos a salir y se presentó con su familia y la Policía. A mi hija incluso la arañaron, pero salimos", añade.
"Pensé que había algo de dignidad en la Justicia británica y denuncié a las autoridades. Me ofrecieron dinero para que retirara la denuncia, me trataron de loca e incluso me ingresaron en un psiquiátrico mes y pico", asegura. "Según la ley británica, al haber una sentencia de violencia familiar, debe buscarse una familia sustituta para los menores. Iban a quitarme a mi hija, pero no estaba dispuesta. Es un negocio por el que sacan dinero. En julio, vine de Polonia con la otra chica que ha buscado refugio en Asturias y su hijo de ocho años. Alquilé un piso aquí en Oviedo y regresé por poco tiempo a Inglaterra. Pero al llegar, me arrestaron y me quitaron la documentación. Me acusaban de haber ayudado a sacar a una niña para que reuniese con su madre en Polonia. Hace un mes pude salir de Inglaterra y volver a Oviedo, después de que me hiciesen otro pasaporte en Polonia", asegura.
Ayer, se indignó al enterarse de que, en el piso social que tenía asignado en Inglaterra, le habían arrojado sus muebles y sus cosas a la basura. La mujer concluye con una llamada de socorro: "Por favor, ayúdenme. Solo quiero morirme aquí, cerca de mis hijos. No en un psiquiátrico inglés".
