Asturias será sancionada por la Unión Europea por incumplir la normativa comunitaria que obliga a tratar los residuos urbanos antes de verterlos. Esta es al menos la previsión del Gobierno regional, tras recibir una carta de la Comisión Europea solicitando aclaraciones sobre la situación y métodos de trabajo en Cogersa, que fue sometida a una inspección de las autoridades comunitarias en 2015 junto con otras instalaciones de España.
El viceconsejero de Medio Ambiente del Principado y vicepresidente de Cogersa, Benigno Fernández Fano, fue ayer contundente: "Las indecisiones y las peleas políticas estériles que ha habido durante años nos han llevado a una situación insostenible que acarreará, sí o sí, una multa que puede ser millonaria".
El espejo en el que mirarse se encuentra en Italia, y en la conocida como "sentencia Malagrotta", en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado al país transalpino a pagar 40 millones de euros y una multa coercitiva de otros 42,8 por semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias.
Fernández Fano explicó que Cogersa fue objeto de una inspección comunitaria en 2015, y que el pasado 13 de septiembre la Comisión Europea solicitó por escrito aclaraciones sobre el cumplimiento de la normativa europea, que Asturias incumple porque ni había ni hay tratamiento previo de residuos. "Se sabía que iba a haber problemas a medio plazo, pero aún así los responsables políticos estuvieron durante años en disputas sin dar soluciones. ¿Quién va a pagar esto ahora? Los de siempre".
El nuevo plan estratégico de residuos (PERPA) puede ayudar a reducir la previsible sanción millonaria de la UE, ya que incluye la construcción y puesta en marcha de una planta de reciclaje de la fracción mezclada de basura (la que no se separa en los hogares), con un presupuesto de licitación de 64.470.429 euros y un plazo de ejecución de 60 meses. Está previsto que las obras comiencen en 2019 y las instalaciones entren en servicio en 2021.
Pero aún está en discusión entre los partidos políticos qué hacer con el combustible sólido que se recupere (CSR), si se destinará a valorización química (fabricación de compuestos orgánicos de uso industrial y/o combustibles líquidos de segunda generación), o a la energética (para plantas térmicas o incineradoras de residuos). "Esperemos que los responsables políticos se pongan las pilas, porque esto se tiene que resolver con altura de miras, fuera de peleas estériles y de tergiversaciones", advirtió Fernández Fano.
Los procedimientos en la UE son largos, y la multa a España puede tardar años. Pero cuanto más se tarde en adoptar medidas, más costosa puede ser, señaló el viceconsejero de Medio Ambiente del Principado.
