02 de diciembre de 2018
02.12.2018

El PP carga contra la "estrategia de asfixia y desprestigio que utiliza la izquierda"

02.12.2018 | 01:25
El PP carga contra la "estrategia de asfixia y desprestigio que utiliza la izquierda"

Asfixia, ataque, estrangulamiento, desprestigio, mentiras... Los populares utilizan este cóctel de palabras para denunciar la "estrategia" de derribo que "la izquierda asturiana y española" emplea contra la escuela concertada. "Los socialistas estrujan y exprimen la enseñanza, por lo que ésta tiene que buscar financiación alternativa a través de los donativos de las familias. Es un gran ejercicio de hipocresía y de cinismo condenar ahora estas aspiraciones", manifiesta el portavoz de Educación del grupo parlamentario del PP, David González Medina. A lo que añade: "Si no quieren que haya donaciones, la solución es muy fácil: que suban la partida y que equiparen la financiación de la concertada con la pública".

Según el PP, en los últimos diez años el recorte en la subvenciones del Principado supera el 30%. A este dato hay que sumar otro en el mismo sentido: el cierre de más de treinta aulas. Y para rematar, protestan los populares, hay "una campaña de mentiras, de desprestigio, de prejuicios, de bulos diciendo que es elitista, que segrega, que elige a sus alumnos...". El último capítulo de linchamiento lo protagonizan los donativos de los padres de alumnos. "Cada vez hay más desigualdades entre la escuela pública y la concertada. ¿Por qué a los profesores de la pública se les baja dos horas y a los de la concertada no? ¿Por qué un profesor de la concertada cobra 9.500 euros menos al año que uno público a pesar de trabajar siete horas más a la semana? ¿Por qué si la enseñanza concertada tiene el 30% del alumnado sólo recibe el 18% del presupuesto y no el 30% que le corresponde? Nada tiene sentido", enfatiza Medina.

De lado opuesto se sitúa Izquierda Unida, que considera "muy importante" la decisión de Hacienda, ya que demuestra que las donaciones a la concertada son en realidad una "sobrefinanciación". El portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, afirma que la medida afecta directamente a la consejería de Educación en el sentido de un posible "incumplimiento de la ley".

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