La Consejería de Servicios y Derechos Sociales contará en 2019 con un presupuesto de 439,4 millones de euros, el 12 por ciento más que este año de prórroga. De ellos, 124 millones de destinarán al salario social, para atender a 22.600 hogares y aplicar una subida del 2 por ciento del IPC. La otra partida de mayor cuantía es para la Dependencia, con un montante de 131,7 millones de euros, que incluye la creación de 114 plazas residenciales geriátricas y la contratación de 101 personas.

Estos dos asuntos centraron la atención en la comparecencia de la consejera Pilar Varela, quien afirmó que este presupuesto reforzará las políticas de "protección" para atender a los colectivos más vulnerables y afianzará la "cohesión social" en Asturias.

La prioridad en el caso del salario social es reducir los plazos de tramitación de la prestación y eliminar el "retraso en la revisión de expedientes". La Consejera también señaló que todo aquel que incumpla las condiciones establecidas para recibir esta prestación económica, tendrá que devolverla. Varela indicó además que se está estabilizando el número de beneficiarios, después de años en el que las solicitudes crecían incluso por encima del 30 por ciento "como consecuencia de la crisis y el fin de las políticas de protección a desempleados".

La oposición

El PP, Foro y Ciudadanos coincidieron en reclamar una modificación del Salario Social Básico, tanto en su cuantía como en los mecanismos de gestión. Varela anunció que se habían analizado ambas cuestiones en el marco del pacto de concertación y presentado propuestas.

La partida destinada al ERA se destinará a incrementar en 114 las plazas residenciales, en 43 las de los centros de día y se creará la primera unidad sociosanitaria de convalecencia en Gijón. Todo ello conllevará aumentar la plantilla en un centenar de personas, lo que supone 10 millones del presupuesto.

Varela explicó que se está trabajando en una nueva ley de infancia, que se pretende incrementar el parque público de viviendas de alquiler, al que se destinará 3,3 millones para el mantenimiento de estos inmuebles con el fin de que "no haya ninguno sin reparar". También se comprometió a garantizar los convenios de colaboración con las entidades locales "para garantizar los servicios sociales municipales".