La Fiscalía Anticorrupción considera que en la investigación del "caso Hulla" está acreditado que se retiró dinero en efectivo de cuentas bancarias pero que no afloró con la amnistía fiscal que aprovecharon el exlíder minero José Ángel Fernández Villa y su mano derecha, José Antonio Postigo, sino que ese dinero continúa oculto. ¿De qué cuentas salieron y cómo se repartió? Anticorrupción ha centrado ahora la atención en un nuevo actor: el socio del constructor del geriátrico de lujo del Montepío de la Minería, del que sospechan que pudiera haber actuado como testaferro. Se trata de un profesor universitario experto en Derecho Mercantil.
Un escrito de la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de instrucción número 3 de Oviedo indica que "las pesquisas policiales, los correos intervenidos, la información en base a datos de la Agencia Tributaria y la declaración de testigos (...) prueban el sobrecoste de la obra y la existencia de facturación falsa con los proveedores de la obra, como uno de los canales de distracción del capital invertido". Y va más allá al añadir que "también está acreditada la retirada de dinero en efectivo que permanece oculto".
Posteriormente, la Fiscalía solicitó que se tomase declaración en sede judicial en calidad de investigado al socio, al 50 por ciento, del constructor del geriátrico de Felechosa en la empresa Alcedo de los Caballeros. Según Anticorrupción, "no consta su intervención en las obras", pero añade que "presuntamente actuó como testaferro de terceros participantes en la obtención de la subvención y posterior adjudicación, quienes han podido recibir su parte de ganancia ilícita desde las propias cuentas" del socio al que ahora se llama a declarar.
El análisis de la contabilidad y declaraciones fiscales de ambos socios revela que entre los años 2010 y 2014 quien se encargó de la construcción del geriátrico habría recibido 2.111.618 euros netos, mientras que el resumen de las salidas de fondos hacia su socio indican que la cuantía que se habría recibido sería de 1.889.118 euros netos.
En varios apartados se indica que "habría que indagar" por qué uno de ellos recibió más dinero que el otro, si eran socios al 50 por ciento, y también "el destino final de estos fondos". En el caso del copropietario de Alcedo de los Caballeros, también se indica que "no se localizan posibles destinos de los fondos".
También añade la Fiscalía en su escrito que en el caso del socio que ahora es investigado "aparece como titular de un contrato de alquiler de una caja de seguridad", pero que "no se localiza que haya presentado declaración tributaria de bienes y derechos en el extranjero".
Prórroga
El Juzgado instructor del "caso Hulla", que trata de aclarar el origen de la fortuna de Villa y de Postigo, ha concedido a la Fiscalía Anticorrupción una nueva prórroga para culminar la investigación y cerrar la fase de instrucción. Las diligencias comenzaron en febrero de 2013, con un plazo de un año, que se prorrogó en tres ocasiones. Cuando el último estaba a punto de concluir, Anticorrupción interpuso la querella. El 28 de julio de 2016 la causa fue declarada compleja, lo que supuso que el Juzgado de instrucción y la Fiscalía Anticorrupción tuvieran de nuevo un plazo mínimo de 18 meses.
