La consejería de Lastra tiene un presupuesto con lastre. En la Junta hubo ayer quien no pudo reprimir el juego de palabras para aderezar el desmenuzado de las cuentas autonómicas que corresponde a Infraestructuras y Medio Ambiente. Uno de cada cinco euros del gasto de su presupuesto para 2019 deberá ir destinado a alimentar el pago de las deudas de la sociedad mixta de gestión del suelo, Sogepsa, y de la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias, la Zalia. Por ahí, por la grieta de los 36 millones que se destinarán al pago de los créditos pendientes acumulados por las entidades urbanísticas arrasadas por la crisis, entraron ayer las críticas de los grupos que se oponen al diseño presupuestario que el Gobierno ha pactado con la izquierda de la cámara. La cantidad equivale a la mitad de lo previsto para carreteras y según el cálculo del Principado, de aquí a 2023 las cuentas sucesivas aún deben incluir por este concepto créditos hasta sumar 122 millones, a razón de casi 61 por sociedad.

"Sogepsa es un muerto", "dijo el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons una vez que la comparecencia del consejero en la Junta hubo discurrido, una vez más, hacia la defensa de la venta de la reserva de suelo como alternativa de salida a la crisis. "Afortunadamente", se animó Lastra, "empieza a haber demanda".

El titular de Infraestructuras presentó la parte del presupuesto autonómico que gestionará su consejería, una de las dos en las que la dotación decrece respecto al proyecto de cuentas rechazado el año pasado, partiendo de la consideración de que "la demanda es siempre ilimitada, la exigencia suele ser máxima, pero los recursos son finitos". Con esa premisa defendió sus 189 millones de euros, seis y medio menos que en el proyecto no aprobado hace un año, dos por debajo de la prórroga más los créditos de este ejercicio, y reclamó atención para los grandes compromisos del largo plazo como el de la apuesta legislativa por la movilidad sostenible, el impulso al área metropolitana o la respuesta al desafío medioambiental.

A preguntas de Ciudadanos, Lastra reconoció que la ejecución de su parte del crédito extraordinario de 2018, aprobado en mayo, va "muy mal". Tan mal que las obras asignadas a su departamento con cargo a esa partida -nueve millones que dan para 21 proyectos de carreteras, tres de puertos y cuatro de saneamiento y abastecimiento de agua- "están en marcha" y "se van a ejecutar", pero en 2019. Se aplazarán porque la nueva normativa estatal de contratación pública "ha creado problemas en el proceso" y porque se decidió priorizar en los pliegos de condiciones el compromiso adquirido con empresarios y sindicatos de no limitar el mecanismo a la subasta, o a la mejor oferta económica, sino priorizar otras cláusulas "sociales, laborales o ambientales".

Abriéndose paso por la amplitud de asuntos de su consejería, Lastra expuso la intención de que la nueva planta de clasificación de basura bruta de Cogersa esté lista para ser adjudicada en febrero.

El equipo de la Consejería se comprometió asimismo a garantizar la modificación del baremo del pago de daños de la fauna salvaje para que el sistema actualizado salga a información pública antes de que termine el año y esté operativo en el primer semestre de 2019.