Dos ex altos cargos del SOMA han rechazado que la organización sindical que dirigía José Ángel Fernández Villa tuviera nada que ver con el desarrollo y abono de las obras de construcción del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa, en el concejo de Aller. Según coincidieron en señalar, la obligación del sindicato se limitaba a comprobar si los proyectos que se presentaban a conseguir fondos mineros cumplían los requisitos establecidos desde el Gobierno central de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las cuencas mineras y generar empleo.
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, Begoña Fernández, inició ayer la toma de 25 testificales en las que participan los fiscales anticorrupción que investigan el "caso Hulla", Ignacio Stampa y Carmen Cerdá, y que se prolongarán hasta el jueves.
Jesus Armando Fernández Natal, Mandi, ex secretario de organización del SOMA y actual interventor del Montepío de la Minería, y José Ramón Fernández Suárez, ex responsable de Formación de la misma organización sindical, coincidieron además en que desconocen por qué se modificó el decreto que limitaba al 1 por ciento la financiación de los proyectos con fondos mineros. Fue precisamente este cambio lo que permitió, según Anticorrupción, que se pagaran con fondos públicos el sobrecoste del edificio y eso facilitó el desvío de ese dinero supuestamente a los bolsillos de Villa, del que era el presidente del Montepío, José Antonio Postigo, y a otros investigados en esta causa.
Según las fuentes consultadas, ambos sindicalistas señalaron que la decisión de modificar el decreto se adoptó en Madrid, y que además de eliminar el límite del 1 por ciento se hicieron otros cambios para favorecer la participación de ayuntamientos que en un principio habían quedado al margen de poder optar a esas ayudas públicas. Tanto Fernández Natal como Fernández Suárez, coincidieron también en que desconocían si hubo o no sobrecoste en la construcción del geriátrico de Felechosa.
La tercera persona que tenía que declarar esta mañana en el Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo era María Esther Martínez Lillo, ex concejala de Medio Ambiente y Turismo del concejo de Aller, quien no declaró al estar incursa en otra investigación judicial por los mismos hechos.
Para esta tarde están previstas las declaraciones de Juan Miguel Benítez Torres, ex gerente del Instituto para la Restructuración de las Comarcas Mineras (IRCM), y al que fue su presidente y secretario de Estado de Energía en la época de construcción del edficio, Pedro Luis Marín Uribe.
