Quién ordenó modificar el decreto que favoreció pagar íntegramente el geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller), y cómo se realizaron esos pagos centraron la atención de las declaraciones que se tomaron ayer, en una maratoniana sesión de casi diez horas, repartidas entre la mañana y la tarde, en la que testificaron cinco personas y se alteró el orden previsto. El objetivo final es saber cómo operó la supuesta trama que explicaría, al menos en parte, el origen de la fortuna del exlíder minero José Ángel Fernández Villa y quien fuera su mano derecha y presidente de la mutualidad José Antonio Postigo.
No declararon ni el exgerente del Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras (IRCM), Juan Miguel Benítez Torres, que alegó estar enfermo, ni el expresidente de ese organismo público que abonaba las facturas de la construcción del geriátrico, el entonces secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe. Según las fuentes consultadas, por encontrarse en el extranjero. Concretamente, en Londres. Ambos serán citados de nuevo para testificar.
Quien sí declaró durante varias horas fue una técnico del IRCM, a la que se le insistió durante el interrogatorio en que aclarase cómo se abonaban los pagos de las obras de construcción del geriátrico del Montepío de la Minería. Sus explicaciones fueron básicamente técnicas: recibían las certificaciones y pagaban. Si después detectaban algún error o irregularidad, lo detraían. Pero también declaró que habría advertido de que algunas formas de funcionamiento eran incorrectas, explicaron las fuentes consultadas.
También declararon por la tarde dos técnicos del ayuntamiento de Aller, en relación a la legalización de las obras de construcción del geriátrico, que se iniciaron sin licencias municipales. Según explicaron, se legalizaron porque cumplían la normativa y tras abonar una multa de 6.000 euros.
