La paradoja del impuesto por las afecciones ambientales del uso del agua, antes canon de saneamiento, queda formulada como sigue: hay cada vez más contribuyentes en cada vez más zonas con saneamiento, pero la recaudación desciende. Y la explicación "no puede ser solamente la congelación de la tarifa", que lleva tres años retenida y que el Principado no descarta subir. El consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente, Fernando Lastra, planteó ayer la cuestión en esos términos y como una "llamada de atención" en un auditorio de alcaldes, concejales y otros agentes participantes en la gestión del tributo, durante la clausura de la jornada técnica "El saneamiento en Asturias: nuevos retos", organizada por el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa). "Algo va mal", les dijo. "No se recauda correctamente".

La "actualización" de la tarifa es una opción a los ojos de Lastra, igual que a los de varios actores del proceso que desde dentro de la administración sugieren su incremento al ritmo del Índice de Precios al Consumo (IPC), pero el Consejero la valora aclarando que la cuestión es más profunda, que "estoy hablando de la estructura del impuesto", y que está en estudio la fórmula más correcta para su reforma. De entrada, Lastra no discute las exenciones que dispensan de la obligación de tributar a usuarios sin saneamiento, a explotaciones ganaderas o a determinados consumos industriales, pero aclara que eso "no está reñido" con la demanda de un mayor control de la gestión del impuesto dirigida a los ayuntamientos, o en todo caso a muchos que según se puso de manifiesto ayer no tienen del todo dominado el proceso. "Hay una multiplicidad de titulares en la gestión del agua", aduce el Consejero, de parroquias a comunidades de usuarios, "y no todos están bajo el control municipal ni todos los ayuntamientos tienen un registro adecuado de contribuyentes o un mecanismo de control de los consumos. Muchas veces, los propios municipios desconocen los costes reales de funcionamiento" de algunos sistemas de depuración, asume Lastra, que pone a disposición del remedio a la "nueva Cadasa", la versión actualizada del consorcio que según se ha anunciado plantea extenderse territorialmente, incorporando a municipios particularmente del oriente y occidente, y ofreciéndoles la gestión del ciclo integral del agua, incluyendo el abastecimiento en baja (la gestión hasta el grifo) y la depuración. En este punto, el gerente del consorcio, Julio Pérez, confirmó ayer que cuentan con cuatro solicitudes de incorporación, las de los concejos de Las Regueras, Candamo, Pravia y Grado. Cadasa está integrada hasta ahora por 29 municipios del centro y noroccidente de Asturias.

Las toallitas, 5 millones

Mientras el Principado anuncia la inspección, en el primer semestre de 2019, de las 531 depuradoras de la región, Lastra se detiene en la justificación de la pertinencia del tributo "finalista" que sufraga la ejecución, mantenimiento y explotación de los sistemas de depuración y tiene presupuestados para 2019 unos ingresos de 54,2 millones de euros. Expande mensajes de concienciación sobre el uso racional de ese recurso que en la voz del Consejero "parece ilimitado y no lo es" y que protagoniza entre otras una campaña de Cadasa centrada en el coste asociado al desecho de toallitas húmedas por el WC y que se cifra en Asturias en cinco millones de euros. Corresponde, según Julio Pérez, al sobrecoste de mantenimiento que se genera en las depuradoras como consecuencia de las averías que provocan las toallitas. El cálculo surge de un estudio elaborado por la Sociedad Española de Abastecimiento y Saneamiento, a razón de entre cinco y seis euros por persona.

Al llegar al análisis de la "grave sanción" de la UE a Asturias por el incumplimiento de la normativa de saneamiento en nueve aglomeraciones urbanas, "entre ellas Gijón con el problema inconcluso de la depuradora del Este", Fernando Lastra apeló ayer al Estado a colaborar, resolviendo las obligaciones que tiene atribuidas por convenio con el Principado, que no va a poder cumplir a tiempo en solitario.