La Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) cargó ayer contra las viviendas turísticas ilegales y pidió un pacto nacional, así como mayor control a la administración central, no sólo desde Turismo, sino también a los ministerios de Interior y Hacienda. Estas carteras, en opinión de la entidad, también se ven afectadas por la proliferación de este tipo de establecimientos. Así lo aseguró Fernando Corral, vicepresidente de alojamientos en Otea, quien ofreció ayer el balance del pasado puente de la Constitución, que se cerró con un 60 por ciento de ocupación. "No son datos buenos, incluso ha ido peor que el año pasado", apuntó.

Corral destacó que este es el primer año que se hacía una encuesta de ocupación respecto al puente de la Constitución y los datos "reflejaron lo que ya nos habían trasladado previamente nuestros socios, que no iba a ser un buen puente, sobre todo porque tenía un día laborable en medio, que no ayuda a nadie". De hecho, desde Otea no se ha analizado como un puente, "sino como un fin de semana". El vicepresidente de la asociación de hosteleros dio cuenta de que "la tendencia del año desde finales del verano ya era descendente, porque llevamos cuatro meses de aumento del paro, también del precio de los carburantes y la electricidad". También aludió Corral al "frenazo" de la ocupación en las islas, señalando que este año en Canarias "hubo un millón menos de vuelos de turoperadora".

No obvió el vicepresidente de Otea la ocupación no controlada de las viviendas turísticas ilegales, "que parece que a nadie le afectan, pero no es así". En este sentido, Corral señaló que el sector "necesita que se ponga fin a esa oferta ilegal, porque nos hace un daño extraordinario". El representante de Otea aludió a los datos oficiales de su sector en Asturias, que emplea a 35.000 personas y supone el 12 por ciento del Producto Interior Bruto. "Además, fuimos el único sector que creció con la crisis, se nos debería de tener en cuenta como motor de la economía, porque a veces nos sentimos un poco huérfanos".

En cuanto a la lucha contra las viviendas turísticas ilegales, Corral afirmó que el Principado "hace unos esfuerzos importantes, incrementando de 4 a 8 el número de inspectores, pero la proliferación de estas viviendas es tan grande que no dan abasto, y también es difícil llegar a las grandes plataformas". En su opinión, "se necesita un pacto a nivel nacional porque existe un fraude". Aquí tiró de cifras para asegurar que "hay un 35% de personas que no pernoctan en el sector hostelero y una bolsa de 13.000 millones de euros que están incontrolados". Esto afectaría, según Corral, a los ministerios de Hacienda e Interior. Al primero, por el posible fraude fiscal que se está produciendo, mientras que al segundo porque no hay un control real de las personas alojadas, algo que sí ocurre en los establecimientos hosteleros legales, sobre todo teniendo en cuenta que España está en nivel 4 de alerta terrorista.