Los tres grupos que respaldaron el dictamen final de la comisión de investigación en torno a la "trama del cable" -PP, Podemos y Ciudadanos- tienen de plazo hasta este viernes para atender al requerimiento en el que el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo exige a la Junta acreditar con pruebas las presuntas irregularidades señaladas en el documento. El presidente de la cámara, Pedro Sanjurjo, convocó para el pasado lunes una reunión de los diputados de la comisión, insólita más que nada porque ésta está finiquitada y disuelta desde septiembre, en la que trasladó a las tres formaciones la responsabilidad de la búsqueda de las pruebas solicitadas y les puso un tiempo para dar cumplimiento a la exigencia que expira pasado mañana.
La jueza que instruye la causa por las supuestas irregularidades en la empresa pública Gitpa se ha dirigido a la Junta para exigirle las pruebas que llevaron a la cámara a asegurar en el dictamen de la comisión que el exdirector del Gitpa Juan Manuel Rodríguez Bañuelos se subió "unilateralmente" el sueldo en 2010, que adjudicó contratos a una empresa de su hijo, que vulneró varios principios legales en la contratación de obras o que gestionó de modo ilícito su inventario de dispositivos terminales de fibra óptica (ONT).
Sucede que algunos de los hechos reseñados han sido ya juzgados y sentenciados. Por la subida de sueldo, Rodríguez Bañuelos tuvo que pagar 630,56 euros tras ser denunciado por su sucesor al frente del Gitpa, Eduardo González Bayod, y condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el 28 de marzo de 2014. Por la contratación de la empresa de su hijo, y la supuesta vulneración de la ley de altos cargos, también respondió ante el juzgado número 3 de Oviedo, que desestimó los cargos en dos ocasiones, en febrero de 2014 y julio de 2015.
La incorporación al dictamen de estos casos ya sentenciados fue uno de los argumentos que los grupos contrarios a las conclusiones de la comisión -PSOE, IU y Foro- hicieron constar en sus alegaciones contra el informe. Sus enmiendas y votos particulares fueron rechazados por la mayoría favorable a la redacción triunfante del dictamen. El requerimiento judicial alarga así, hasta después de muerta la comisión, la fuerte tensión política que las pesquisas sobre el tendido de la fibra óptica han engendrado en la Junta. Anteayer, sin ir más lejos, el letrado mayor de la cámara aclaró que si este último proceso deviene en responsabilidades, de éstas responderán solo los diputados que apoyaron el dictamen.
