El exalcalde de Aller y expresidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom) aseguró ayer que permitió que se iniciara la construcción del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa porque era una obra singular que corría el riesgo de perderse y con ella un centenar de empleos. Tanto él como el entonces concejal de Urbanismo y actual regidor del concejo, David Moreno, insistieron en que luego se concedieron las licencias con todos los informes favorables. Sin embargo, horas antes el entonces aparejador municipal había declarado que emitió varios informes desfavorables e incluso que recomendó paralizar las obras, pero que los políticos lo ignoraron.

Las declaraciones de Pérez Villalta y Moreno se suspendieron ayer, a petición de los abogados del regidor y el exregidor, al solicitar el Juzgado de Lena su inhibición del caso para que se una a la misma causa de la "trama Hulla". Y es que ese Juzgado investiga también una presunta prevaricación urbanística en la construcción del geriátrico de Felechosa tras la denuncia interpuesta en 2017 por la entonces única concejala de Xente por Ayer, Patricia Díaz, contra las corporaciones municipales de 2007 y 2010.

Los fiscales Anticorrupción y la acusación particular ejercida por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) se opusieron a la decisión definitiva de la jueza, que ahora debe resolver si admite o no la inhibición solicitada por el Juzgado de Lena.

Luis Tuero, abogado de Villalta, señaló que "se trata de causas distintas", y que ni Pérez Villalta ni David Moreno tienen relación alguna con el "caso Hulla". "Una cosa es que se investigue una tramitación administrativa urbanística, y otra una presunta corrupción con subvenciones, designación de contratistas y si ha habido dinero que se ha escapado. Y ahí ni Villalta ni Moreno tienen nada que ver", remarcó el letrado.

Precisamente el actual alcalde de Aller insistió en que "si se repasa toda la documentación se verá que todos los informes técnicos y jurídicos, que son preceptivos pero no vinculantes, son favorables a las obras". "Había una licencia inicial de movimiento de tierras que es verdad que se fue más allá al empezar a construir. Pero después se otorgó la de construcción y se abrió un expediente sancionador y se impuso la multa máxima de 6.000 euros", explicó David Moreno.

Horas antes, sin embargo, el entonces aparejador municipal había declarado que emitió informes desfavorables y que recomendó paralizar las obras, pero que los políticos lo ignoraron. También se tomó declaración a la entonces secretaria del ayuntamiento de Aller, pero la Fiscalía solicitó suspenderla porque puede ser llamada a testificar en calidad de investigada.

Alberto Suárez, abogado de OCAN, señaló que en los dos días invertidos en declaraciones "está claro que alguien dio la orden de cambiar la ley para poder conceder la subvención de los fondos mineros, y que todo se adaptó para sacar ese proyecto adelante. Hay que saber quién lo permitió".

Las declaraciones continúan hoy con proveedores y empleados de la constructora.