En el dictamen de la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades de la empresa pública de telecomunicaciones, Gitpa, "no hay una sola afirmación que carezca de soporte documental". La diputada de Podemos Lorena Gil defiende en esos términos la solvencia del informe y de las acusaciones que contiene, sobre algunas de las cuales el juzgado de instrucción número dos de Oviedo ha pedido pruebas a la Junta. La cámara ha solicitado a los grupos que respaldaron el dictamen -Podemos, PP y Ciudadanos- que esta semana, o como muy tarde el lunes, faciliten la documentación capaz de acreditar algunos de los hechos que se señalan en el dictamen para remitírsela a la instructora de la causa por posibles irregularidades en el Gitpa.
Entre los pasajes citados hay varios que se refieren a casos ya sentenciados. El dictamen afirma que el exdirector del Gitpa Juan Manuel Rodríguez Bañuelos "vulneró la normativa sobre contratación, al realizar contratos con la empresa de su hijo". La jueza pide ahora pruebas sobre este extremo, cuya ilicitud fue desestimada dos veces en los tribunales. También reclama información que soporte, entre otras, la acusación a Bañuelos de subirse "unilateralmente" el sueldo en 2010, cuestión por la que ya fue juzgado y condenado en 2014.
Previa consulta a los letrados de la cámara, Podemos sostiene además que las eventuales responsabilidades que se puedan derivar podrían quedar difuminadas por la inviolabilidad que se reconoce a los diputados por las opiniones emitidas en el ejercicio del cargo y que los protege salvo en casos de flagrante delito.
