El juicio contra un conocido funcionario del Principado, antiguo rector de parques naturales, y otros tres acusados de dos empresas por el sobrecoste de una obra en Siero, finalizó ayer con un acuerdo entre las partes al admitir errores en la certificación de los trabajos y una mala liquidación por parte de la Administración regional.

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Principado, redujeron la solicitud de condena de siete años y seis meses de prisión a dos, sin ingreso en la cárcel, y los 18 años de inhabilitación especial para cargo público bajaron a seis. Para los otros tres acusados, la petición de cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación a cada uno de los otros tres acusados quedaron en 11 meses y tres años de inhabilitación.

El Principado había suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Siero para ejecutar obras en el Plan "Asturias", financiadas en su mayor parte con presupuestos regionales. En noviembre de 2009, la Oficina Técnica de Ingeniería del Ayuntamiento presentó una memoria para la construcción del Parque Periurbano de Bergueres (Pola de Siero), con un presupuesto de 774.686 euros, y, seis meses después, se emitió la propuesta de contratación. El funcionario fue designado como director de la obra que se adjudicó a una UTE, en 2010.

Posteriormente se hizo un primer modificado del proyecto, que fue elaborado por el acusado sin sobrecoste. Sin embargo, según la Fiscalía, el funcionario emitió dos certificaciones, en 2010 y 2011, por 276.562 y 54.267 euros, que el Principado abonó a la UTE y que no se correspondían con las obras ejecutadas. Las empresas habrían obtenido 149.332 euros por obras que no se hicieron.

Según las fuentes consultadas, el problema fue que se liquidó sobre el proyecto, sin haber confirmado si estaban todas las obras concluídas o no. Ese "error" en la valoración se trasladó a las certificaciones y a las liquidaciones abonadas por la Administración regional.

Los cálculos de los peritos de las defensas reducen las cifras considerablemente, hasta los 30.000 o 40.000 euros. De ahí que el acuerdo alcanzado ayer en la Audiencia Provincial incluya un nuevo cálculo de las obras realmente ejecutadas para que los acusados devuelvan el dinero indebidamente abonado a las empresas por el Principado. Hasta el momento ya han consignado 60.000 euros.