El coche sigue siendo el rey en el área central asturiana, donde casi cuatro de cada diez desplazamientos se efectúan utilizando el vehículo privado. El Gobierno del Principado ha fijado sus objetivos a once años vista en un “plan para la movilidad multimodal” que aspira a reducir casi a la mitad el uso del coche en el área de intensa densidad de población que concentra al 88 por ciento de los habitantes de la región. Se trata de que en 2030, última frontera temporal del proyecto, el vehículo privado baje hasta representar el 22,5 por ciento y tres de cada cuatro movimientos utilicen modos públicos o sostenibles.

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ha presentado esta mañana el plan, que pronto saldrá al debate de la información pública durante dos meses, y sus pretensiones de “hacer un trasvase del transporte individual, menos sostenible, más contaminante y peligroso, hasta el colectivo público”, que ha de ser “cómodo, rápido, con frecuencias coordinadas y una conectividad adecuada”. En cifras, el foco está en 244.500 desplazamientos motorizados al día que tienen una alternativa de transporte público que no se usa; la aspiración, un cambio que pretende trasladar del coche a la modalidad colectiva unos 400.000 movimientos diarios.

Para conseguirlo, el plan ofrece una batería de actuaciones que dependerán en gran medida de la colaboración entre administraciones, que implican a la autonómica, a la local y a la estatal, y que plantea una inversión hasta 2030 de 30,3 millones de euros y 9,2 anuales de explotación. Hay intervenciones en infraestructura y en explotación de modalidades de transporte público y se prevé, por ejemplo, implicar a los ayuntamientos en la habilitación de “ejes cívicos” del centro a la periferia de las ciudades, entendidos como “plataformas para el tránsito a pie y en bicicleta paralelas a las vías de tráfico”, o a las empresas explotadoras en la mejora de frecuencias y tiempos del transporte público. Se plantea además la mejora de la accesibilidad a grandes equipamientos receptores de tráfico, como polígonos industriales u hospitales, plataformas reservadas para el transporte público en la entrada de las ciudades, aparcamientos disuasorios en las grandes estaciones ferroviarias, gratuitos para los usuarios del tren, o medidas para desincentivar el uso del coche, como el incremento de las peatonalizaciones y las “zonas 30” o regulaciones del aparcamiento urbano presididas por la certeza que esta mañana invocaba el responsable de la elaboración del plan en la agencia encargada de desarrollarlo, Ricardo Jorquera: “No puede ser que el aparcamiento sea fácil y barato en los centros urbanos”.