Otros dos médicos se exilian en Asturias por la exigencia del catalán en Baleares

Otros dos médicos del servicio de salud balear han buscado refugio en Asturias, según sostiene María José García, la ovetense que preside la plataforma "Mos Movem" contra la imposición del catalán al personal médico y sanitario de las Baleares. Se trata de un anestesista y de un médico de familia, que se unen a otro anestesista y una psiquiatra que entraron en el Hospital Álvarez Buylla de Mieres, tras marcharse de Menorca por exigírseles aprender catalán para trabajar. "Han optado por ir a Asturias, por lo menos mientras no haya imposiciones con el bable, porque ahí tendréis un problema con el bable", según García, que el pasado junio no dudó en comparar la cooficialidad con el nazismo.

Son más de 25 los facultativos que se han ido de Baleares desde que se aprobó el decreto de acreditación lingüística contra el que el lucha "Mos Movem". "Esto se está convirtiendo en un erial. En Menorca faltan ginecólogos, asegura María José García. Es tal la necesidad que están buscándolos a través de Facebook, "un canal absurdo", según esta plataforma reivindicativa.

"Mos Movem" ya ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares la demanda para impugnar el decreto de acreditación lingüística, "por considerar que la mayoría de sus preceptos son ilegales e inconstitucionales". Consideran que no solo "incumple el principio de proporcionalidad y la adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones de las distintas especialidades", sino que "impide a quien no acredite capacitación lingüística participar en ningún procedimiento de movilidad que convoque el Servicio de Salud ni acceso a la carrera profesional". Establece por otro lado "sanciones sin cobertura legal", ya que "el Gobierno de Baleares no esta habilitado por ley para regular, sancionar la perdida de derechos básicos de los empleados públicos, como son la movilidad y la carrera profesional".

Para la plataforma "Mos Movem", el decreto "trata de imponer y discriminar por una obsesión política, disfrazada de derecho lingüístico", y "prioriza indebida e injustamente los derechos lingüísticos sobre el derecho a la salud".

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