La alcaldesa de Vic, Anna Erra Sola, del PDeCAT, tendrá que comparecer ante el juez el próximo 25 de febrero, en calidad de querellada, para explicar por qué el Ayuntamiento que preside facilita sus instalaciones e infraestructuras para el "sermón" independentista que todos los días se escucha en el centro de la localidad.
Erra, maestra de profesión, declarará ante el juzgado número 3 de Vic, que ha aceptado a trámite la querella presentada por el letrado ovetense Miguel Barbazán, asesorado por su compañera de despacho Ángeles Lázaro. El Juzgado considera que hay indicios de la comisión de los delitos que se describen en la querella, a saber, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Barbazán decidió presentar la querella impactado por la noticia de que, todos los días a las ocho de la tarde, en la plaza del centro de la localidad, se escuchaba por los altavoces del ayuntamiento un mensaje pregrabado, que en su opinión era una invitación a subvertir el orden constitucional y el orden social democrático. "No normalicemos la situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo: la independencia de Cataluña", se oía en el mensaje pregrabado, como si se tratase de la llamada a la oración de un ulema. El letrado, del despacho de abogados Caicoya y Cecchini, decidió poner la querella ante la inacción de la Fiscalía, que no quiso investigar de oficio los hechos, a pesar de las voces que llamaban a ello.
Miedo
Esta acción judicial le permitió al letrado ovetense conocer de primera mano el clima de temor que se ha instalado en Cataluña en los últimos tiempos. Hasta treinta procuradores se negaron a representar a Barbazán para presentar la querella. Unos dijeron que no directamente, otros expresaron su temor a "marcarse" y perder su clientela o algo peor. Uno le espetó a Barbazán que de dónde sacaba "el fondo xenófobo y violento" de la querella, mientras le preguntaba si había estado alguna vez la localidad de la provincia de Barcelona. Finalmente, el letrado ovetense tuvo que recurrir al consejo nacional de los procuradores, que ordenaron a su vez al colegio de Mataró que le facilitase un procurador de oficio. Barbazán y Lázaro se hacían pocas ilusiones sobre la posibilidad de que la querella fuese admitida a trámite, pero ésta sigue su curso gracias al auto dictado por el juez Josep Mateu Morell, el pasado 27 de diciembre. En el auto se cita no solo a la alcaldesa del PDeCAT, sino también a otro miembro de la corporación, éste en calidad de testigo, Arnau Martín Danés, de Vic per tots.
"La decisión de ceder los medios municipales a Òmnium y la ANC por parte de la alcaldesa se tomó sin ningún acto administrativo previo, no se sabe qué fondos o partidas se han destinado. Lo único que se pretende es socavar el ánimo de la población. La institución debería ser neutra y aplacar el ambiente de hostilidad", cree Barbazán, que incluso se plantea crear una plataforma de abogados contra la intolerancia.
