"Asturias tiene la mejor normativa que hay en España para el alquiler de viviendas turísticas, con requisitos que además se pueden cumplir, y existe un control absoluto sobre ellas". Quien lo dice son los abogados asturianos Manuel Herminio García y Eduardo García, expertos en ese campo tras el análisis de la normativa de todas las comunidades autónomas y que ayer ofrecieron un curso-conferencia en el Colegio de Abogados de Oviedo. Ambos señalaron la necesidad de que se elabore una nueva normativa estatal para aunar criterios en todo el territorio nacional.
El Principado tiene inscritas 1.138 viviendas turísticas, lo que no significa que todas ellas estén en alquiler. "Puede ser que se tramite la licencia, pero es el propietario quien decide su destino final. Basta con que se alquile un día como vivienda turística y ya está", explicó Manuel Herminio García.
El problema en este asunto es que existe concurrencia de normativa entre el Principado y los ayuntamientos, y aunque no es habitual que surjan conflictos, en el caso de Oviedo la situación es "compleja, porque obliga a judicializar" las solicitudes. Según los expertos, ya se han ganado cinco sentencias, cuatro de ellas ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) obligando al ayuntamiento ovetense a conceder las licencias como pisos turísticos. "Como son procedimientos individuales, obliga a que cada uno de los solicitantes tenga que pleitear por separado", señaló Eduardo García. Esto provoca que muchos desistan o que se realicen los arrendamientos con otra modalidad legal.
Comunidad de vecinos
Los letrados expertos, del bufete Norte Abogados, reclamaron una normativa estatal en lugar de la modificación de la ley de arrendamientos urbanos, "que va a crear más conflictos, porque va a complicar más la concesión de licencias al no restringir el canal de anuncios de uso turístico y porque va a permitir que las comunidades de vecinos, con mayoría de tres quintos decidan si puedes o no alquilar tu casa como vivienda turística".
Según los abogados, se abre una espita judicial porque esta medida "atenta contra el derecho a la propiedad privada y es inconstitucional, porque el decreto ley que lo regula no puede entrar en materia como lo hace en lo relativo a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, que vienen regulados en el título 1 de la Constitución".
