14 de enero de 2019
14.01.2019

Intervención del presidente del Principado, Javier Fernández en el foro de la Nueva Economía

14.01.2019 | 11:45

Casi 62 años después de su fundación, Europa es un extraño animal político con himno, con bandera, con derecho, con funcionarios y con moneda, pero sin demos, sin ágora, sin espacio público y sin europeos. No es fácil construirla porque es la primera estructura política que se hace sin un pueblo delimitado y homogéneo, sin un origen común, sin una cultura común, sin una lengua común y hasta sin un enemigo exterior que proporcione cohesión interior. No puede ser fácil porque es algo inicial, inédito, un experimento para adaptar la soberanía al desafío de una deslocalización económica que es también la deslocalización del poder. Es un laboratorio para construir una identidad, no sé si posnacional, anacional, supranacional o metanacional, a partir de las 27 sociedades nacionales que la integran.

Avanzar en la definición de esta insólita criatura política exige transmitir a la ciudadanía que no puede haber unión económica sin unión fiscal ni puede haber unión política sin receptores y contribuyentes netos. Pero, sobre todo, lo que debemos decirle es que Europa, que europeizó el mundo, que inventó todas las instituciones que hoy tienen valor universal, está inventándose a sí misma y que lo está haciendo cuando su historia, la suya, ya no es una historia universal, sino regional, cuando Europa es sólo un apéndice, una península de Asia por la que la historia pasó pero por la que no va a volver a pasar jamás.

Es necesario que los ciudadanos sepan que estamos construyendo Europa después de la era de Europa. Es necesario para que comprendan que lo que más nos debe unir hoy a los europeos es la conciencia de nuestras debilidades comunes. La certeza del resurgimiento de nuestros nacionalismos interiores, el reconocimiento de nuestro prolongado declive demográfico, la evidencia indiscutible de nuestra fragilidad energética y las sombras que se ciernen sobre la economía común tienen que ser el motor que impulse una conciencia europea también común: la de la necesidad, que no nace del pasado ni siquiera del presente, porque es el futuro quien nos la impone diciéndonos o ustedes adoptan un mismo destino o caerán en la misma irrelevancia. Ese puede ser hoy justamente el nuevo rapto de Europa: el de la irrelevancia.

Me dirán: ¿por qué nos habla de Europa aquí y ahora? Lo hago porque esas fragilidades y esos riesgos se perciben menos en el centro que en la periferia, y precisamente aquí, en Asturias, se ven más próximas y más nítidas que casi en cualquier otro territorio de la Unión.
Recuerden que me he referido a los peligros de la demografía y a los riesgos energéticos y económicos, dos problemas con especial incidencia en nuestra tierra que han permitido a algunos construir todo un cuerpo de doctrina sobre la peculiaridad asturiana salpicada de teorías decadentistas y negadoras del progreso en línea con Spengler, Toynbee o Unamuno. La amenaza del resurgimiento del nacionalismo interior tiene que ver, naturalmente, con los sucesos de Cataluña.

Empezaré por la despoblación partiendo de una evidencia: el bienestar de las sociedades depende, en gran medida, de conseguir unas tasas de fecundidad que les permitan garantizar el reemplazo generacional, mantener el desarrollo económico y sostener un Estado de Bienestar desafiado por los costes crecientes de una población cada vez más envejecida.

Una dinámica demográfica negativa siempre conlleva consecuencias empobrecedoras: se contrae la demanda interna, disminuye la tasa de actividad, se pierden economías de escala y el valor de los activos inmobiliarios sufre una inexorable depreciación estructural.
También las implicaciones fiscales y políticas son evidentes: la atención a la población de más edad presiona al alza el gasto público en pensiones, sanidad y dependencia mientras la mayoría de votantes en edad provecta pasa a jugar un papel hegemónico en la formulación de políticas públicas reclamando un porcentaje cada vez mayor del producto social.

Pues bien, España está registrando en los últimos años las tasas de natalidad más reducidas de la serie histórica.
En la Unión Europea, Francia, con políticas natalistas que arrancan de la conciencia de su inferioridad poblacional frente a Alemania en las pasadas contiendas mundiales, es, con los países nórdicos, pionera en prestaciones familiares. Esas prestaciones han conseguido mejorar sus perspectivas, pero sin llegar en ningún caso a la tasa de reposición de 2,1 hijos por mujer. Se trata de un reconocimiento explícito de que el aumento de la natalidad es un bien social que justifica las políticas de conciliación, las subvenciones directas, la educación de cero a tres años, el trabajo a tiempo parcial y todos los demás instrumentos desarrollados desde las instancias públicas.

Pero, al mismo tiempo, también queda claro que todas estas medidas no son suficientes para que un país emprenda una sólida recuperación de unas tasas de fecundidad cuyo declive se encuentra directamente relacionado con cambios de valores sociales y culturales que están relegando la voluntad de formar una familia estable y de tener hijos a un lugar secundario entre las prioridades vitales. No se dispone de una receta clara e inequívoca para el problema porque es obvio que ni tiene una única causa ni existe una única fórmula para afrontarlo, pero ello no nos disculpa por haberlo olvidado en un país, España, que aunque se incorporó con retraso a esta tendencia la ha asumido de manera abrupta y a un ritmo vertiginoso.

El déficit de nacimientos español empezó en 1977, cuando la fecundidad se desplomó perforando a la baja el nivel de reemplazo hasta alcanzar mínimos mundiales. Asturias inició también en ese año su declive demográfico y en 1985 presentó por primera vez un saldo vegetativo negativo coincidente con su pico de población histórico: 1.112.000 habitantes.

Hoy, cuando el número de hijos por mujer se sitúa en 1,31 y la tasa nacional de natalidad es la más reducida de la serie histórica, con 8,37 nacimientos por mil habitantes, Asturias se coloca a la cola del pelotón autonómico con un porcentaje de 5,84. Sin embargo, este indeseable record español y asturiano no aparece entre las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos ni ha sido hasta ahora una prioridad en la acción política ni en la atención mediática. Lo ocurrido con el Plan Demográfico asturiano es una buena prueba.

Hay muchísimo en juego en este asunto, y de ahí la necesidad de hacer de la recuperación de la natalidad una de las grandes prioridades políticas y sociales involucrando coordinadamente a las administraciones locales, autonómicas, nacionales y europeas.
No es fácil, pero resulta evidente que podemos hacer más por aumentar el número de nacimientos que por disminuir el número de fallecidos, así que dos cosas son indispensables: evitar los planteamientos tan propios de nuestra tradición arbitrista, repleta de memoriales al rey con remedios sencillos pero inocuos, y colocar esta cuestión entre las prioridades de la agenda pública para concienciar a la sociedad y a las élites políticas, mediáticas e intelectuales de la extrema gravedad del problema y de la necesidad de dejarlo fuera de la pugna partidista.
Otras cuestiones que deben preocuparnos y vincularnos a los europeos son las fragilidades energéticas y económicas, que proceden menos de nuestra acreditada capacidad para producir bienes y servicios que de la muy fuerte competencia fiscal y social que tienen que afrontar las empresas de la Unión en los mercados mundiales abiertos.

Ahora, a esas dificultades debemos añadir otra competencia más, la ambiental. Y es tan dura que si la búsqueda de salarios bajos y la ausencia de protección social habían inducido en Europa un riesgo de desindustrialización, tendremos que aceptar que se agrava con los peligros asociados a las políticas de descarbonización.

Todos los Estados se protegen con normas fiscales, exigencias de protección de los consumidores, condiciones sociales y laborales, regulaciones financieras y, ahora, requisitos ambientales, pero ninguno aparece tan abierto como Europa a los cuatro vientos de una globalización que provoca conflictos entre los Estados desarrollados y los que no lo están, entre empresas tradicionales y otras nuevas, entre regiones y países y entre generaciones con distintos valores. No es fácil conciliar el respeto ambiental con una cultura favorable al crecimiento y al consumo cuando muchas sociedades siguen esperando su turno en la cola del desarrollo económico y social, pero aún es más difícil cuando los países con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero se desmarcan de la lucha contra el calentamiento global. Por eso el comercio internacional se ha situado en el centro mismo del debate político.

No conviene engañarse. En un asunto en el que los beneficios son globales y a largo plazo y los perjuicios locales y a corto, es muy difícil que un consenso científico sobre la alteración antropogénica del planeta se traduzca en uno político y menos aún en uno social. Los problemas globales no rinden réditos en los mercados políticos regionales y nacionales.

De este modo, si las sociedades europeas perciben que nuestras dificultades son el resultado del empeño, el trabajo o el ingenio de los competidores podrían aceptarlo, pero si los ven como el producto de normas laborales deficientes, subvenciones gubernamentales o ventajas medioambientales culparán al sistema.

Mucho se habla hoy de los chalecos amarillos, pero el Brexit ya nos había avisado antes y en las elecciones presidenciales de 2016 millones de estadounidenses expresaron que se sentían más víctimas de la globalización que beneficiarios de ella. La marea amarilla ya estaba ahí, aunque cambie de color. Además, el descontento no se expresa sólo a gritos o en formas políticamente activas en las calles, sino también como abstención, escepticismo o radicalización. Tal vez por eso a veces se le oye poco, con una sordera preocupante. Y es que las élites políticas, económicas, intelectuales e incluso mediáticas más cosmopolitas pueden encontrarse muy alejadas de la realidad cotidiana de los suburbios y los vecindarios deprimidos porque no sienten la inseguridad física en sus barrios ni la inseguridad laboral en sus empleos.

Crecer, claro, no es obligatorio. Europa puede negarse a acabar con la competencia ventajista, puede mantener sólo las producciones más sofisticadas y remunerativas y aceptar la deslocalización, tal como piden algunos de los socios del Norte: basta con que esté preparada para redimensionar sus ambiciones de potencia económica y acepte el empobrecimiento, y que lo haga justo cuando la protección social a favor de la población que envejece requeriría una mayor producción de riqueza.

No obstante, también puede, y a mi juicio debe, apostar por lo contrario. En ese caso debería empezar por impedir que la legislación en materia de cambio climático y derechos de emisión sitúe a la industria europea en una flagrante desventaja competitiva. Haciéndolo, tomando este camino, no llegaríamos a tiempo de conseguir aquel objetivo de que la industria aporte el 20% del PIB europeo en 2020, aquella meta que hace cinco años planteaba Antonio Tajani, pero sería una señal de esperanza en medio del largo adiós de Europa a su industria.

La pregunta indispensable es ¿podemos permitírnoslo? ¿Podemos dejar la industria europea a su suerte frente a esa creciente competencia ventajista? Alemania sí podría, con su tan asombroso como insostenible superávit en balanza por cuenta corriente del 8% del PIB, pero Francia, Italia o Europa en general, no. Y menos aún puede España, que con unos pasivos frente al resto del mundo que rebasan los dos billones de euros necesita una capacidad de financiación que hace imprescindible mantener superávits en la balanza exterior. Es decir, España necesita reforzar unas exportaciones en las que las manufacturas tienen un papel absolutamente protagonista y central. Y qué decir de Asturias, donde la pujanza exportadora de la industria es tan determinante.

Ante esta situación, que la Unión Europea impusiera en sus fronteras una tasa sobre el carbono exterior (me refiero a una tasa equivalente al coste de producción suplementario inducido por el esfuerzo de reducción de las emisiones de CO2 obligatorio para la industria europea) no debería interpretarse como un proteccionismo de nuevo cuño rencoroso y revanchista azuzado por el miedo al otro, sino como una forma de contribuir a un clima estable sin facilitar que se beneficien en el corto plazo quienes no hacen nada por él.

Hablo, por tanto, de un arancel ambiental. O, dicho de otra manera, de un ajuste de fronteras ambiental por medio del cual se apliquen a las importaciones de manufacturas hacia Europa las mismas normas en materia de emisiones que se aplican a las producidas dentro de la Unión. Esa sería la mejor fórmula para evitar que importemos CO2 y exportemos empleo, porque el sistema actual no cambiará la manera en la que se producen esas manufacturas, sólo cambiará el lugar donde se producen.

Creo también que existe una sobrerregulación que asfixia a la industria europea. La UE ha generado la asombrosa cifra de 2.314 nuevos reglamentos y directivas entre 2010 y 2014 y el ritmo no ha disminuido desde entonces. Son normas técnicas y legales que apuntan a la competitividad y el mercado único, pero sobre todo a la protección ambiental. Toda la industria española está, por descontado, concernida, y la asturiana lo está más.

El acero, tan importante en esta comunidad, padece en Europa un exceso de oferta, acusa la presión de los precios por las importaciones, recorta sus márgenes por el repunte de las materias primas, soporta un alto coste de la electricidad y encara el desafío que supone la nueva directiva que marcará el comercio de emisiones para el período 2021-2030.

Europa consume unos 160 millones de toneladas de acero al año. Actualmente, el 83% de esa cantidad se produce en la Unión Europea. Puesto que Europa continuará necesitando y consumiendo la misma cantidad, la pregunta que debemos hacernos es cuál será su procedencia.
Es una interrogante que no podemos dejar de plantearnos porque la paradoja de la huella de carbono es que las fábricas siderúrgicas, metalúrgicas o químicas que se trasladen a terceros países en búsqueda de condiciones favorables no producirán allí menos CO2 por tonelada de acero, aluminio, zinc o vidrio, sino más. Y mayor paradoja aún es que si las acciones son locales y los efectos globales tratemos de reducir las emisiones de lo que España o Europa producen mientras aumentamos las emisiones de lo que Europa consume.

Asturias corre un especial riesgo por su estructura industrial y lo afronta cuando la clausura anticipada de las centrales térmicas de carbón reduce su potencia de generación, afecta al desarrollo del puerto de El Musel e induce un riesgo cierto de encarecimiento del precio de la electricidad, una cuestión esta última nada menor si recordamos que la industria electrointensiva incluye la química, la metalúrgica, los gases industriales, las cementeras y las cerámicas, todas ellas presentes en la comunidad autónoma en un grado mayor o menor.

Asturias necesita tiempo para abordar su transición energética, esa es la verdad. Necesitamos tiempo, algo siempre tan esencialmente fugaz y que no se puede almacenar. No sólo no hay stocks de tiempo, sino que encima ocurre que nos empeñamos en acelerar. Y además nos encontramos ante un extraño monopolio: parece que en España sólo el nacionalismo, y en concreto el nacionalismo vasco, es capaz de vender tiempo (se lo vendió al Gobierno del PP y ahora se lo vende al Gobierno del PSOE, y en los dos casos una parte del precio a pagar consistió en reducir de manera arbitraria y selectiva los peajes de acceso a la red con la consiguiente ventaja competitiva para la industria vasca).
La misma sensación tengo cuando leo que se van a desarrollar las llamadas redes eléctricas cerradas que (y espero no pecar de suspicaz) parecen corresponderse con una vieja reclamación del nacionalismo catalán.

El problema es que, en ambos casos, no solamente se discrimina a las instalaciones industriales ubicadas en otras comunidades autónomas, sino que la rebaja de costes regulados para algunos tendrán que asumirla el resto de los consumidores. Es una ley de compensación: lo que para unos baja para otros sube.

Fíjense, he comenzado hablándoles de los peligros del comercio exterior para la Unión Europea y termino con los riesgos de que el marco regulatorio ya no responda a los principios de unidad del mercado interior en España.

Este es uno de los asuntos que me hacen pensar que lo esencial no es si el modelo territorial español es o tiende a ser federal, sino qué tipo de federalismo estamos construyendo. Me interesa sobre todo si España funciona o tiende a funcionar como un sistema cooperativo asentado en la colaboración entre distintos niveles de gobierno o como un sistema competitivo entendido como pugna entre territorios. No duden que esta distinción tiene consecuencias reales que condicionarán la evolución del Estado en su conjunto.

El nuevo sistema de financiación, que no va a demorarse más allá de la próxima legislatura, será la decisiva piedra de toque. Excluida la, a efectos fiscales, confederación vasco-navarra, los acuerdos entre comunidades que participen de una misma visión del Estado serán determinantes para definir el estatus quo final.

En Asturias hemos propiciado y compartido acuerdos y posiciones con otras comunidades autónomas independientemente de su color político (hablo de Galicia, Aragón o Castilla y León). Los hemos suscrito en cuestiones tan relevantes y decisivas como la demografía o la energía, pero ningún acuerdo, ninguna cooperación es tan crítica, tan medular como la que tiene que ver con la financiación territorial. Creo que se trata de un activo que quien gobierne en la próxima legislatura debería mantener y preservar a toda costa.

No es posible hablar desde Asturias de los riesgos presentes y futuros sin aludir a un asunto, el catalán, que está sometiendo a estrés al modelo constitucional. La cuestión nacional es una de las amenazas (sin duda la mayor) de las que acechan la construcción europea. Se trata de un auge del nacionalismo interior que si en algunos casos es de reacción en el nuestro es de disgregación.

La secesión de Cataluña es sistémica para España y para Europa, y por eso no es posible plantearse un futuro de estabilidad política, económica y social, abstrayéndonos de la presencia invasiva del conflicto catalán. Tampoco podemos olvidarnos de que la pragmática impotencia que revela la conllevancia de la que hablaba Ortega resume lo ocurrido desde la Transición: cualquier precio a pagar parecía entonces barato a cambio de una convivencia duradera, incluso que se abriera en Cataluña una batalla por las palabras, los sentimientos y la conciencia que España ha venido perdiendo por incomparecencia.

Y, efectivamente, intentamos y procuramos la conllevancia a fuerza de diálogo y cesiones progresivas, y así avanzamos juntos durante décadas. Pero cuando la deslealtad con aquel pacto inicial es de tal hondura que una mayoría parlamentaria vulnera las leyes que fundamentan sus competencias para erigirse en un poder constituyente con el que crear un instante inaugural y alumbrar un orden jurídico nuevo, la conllevancia tiene que significar forzosamente poner pie en pared, y no lo digo porque esté seguro de "lo que hay que hacer", sino por el convencimiento de que "lo que hay que hacer" no pasa por repetir lo que nos ha traído hasta aquí.

Tenemos que asumir tres cosas. Que se ha terminado el nacionalismo de amagar y no dar. Que el desestimiento de la sociedad española, que entendía que se trataba de un asunto interno catalán que se resolvería exclusivamente en Cataluña se ha terminado también. Y que no existe una comunidad catalana integrada y reconocida sino dos, diferenciadas por su vinculación sentimental con España.

Esa triple certeza es indispensable para terminar con la espiral de silencio que ahoga la voz de la Cataluña no nacionalista en un espacio público catalán en el que las dos comunidades no comparecen en igualdad de condiciones ni en lo mediático ni en lo social ni en lo cultural.
Es probable que el precio de resolver la crisis de legalidad agudice la crisis de convivencia. Ojalá no, pero no es posible abdicar del cumplimiento de la Constitución y las leyes cuando se la desafía de manera frontal. Por eso creo que conlleva demasiado riesgo plantear una reforma estatutaria o constitucional en pleno desafío separatista. El principio de realidad siempre está ligado al largo plazo, y solo en el largo plazo es posible reconstruir la lealtad compartida a un mismo proyecto estatal. Será entonces cuando habrá llegado el momento de acordar con quienes no hayan quedado inhabilitados para el pacto, una nueva conllevancia que, si no aprendemos del pasado, hará como las golondrinas de las que hablaba Bécquer: no volverá.

Para abordar tareas como las que he referido, el primer requisito que debe cumplir un gobierno es que sea fuerte. Ahora bien, reconozcamos que eso no es fácil: no puede serlo en un país con múltiples fracturas, en el que la política está prisionera del cortoplacismo y la polarización del espacio electoral privilegia a los actores más rotundos de ambos bloques.

No deja de ser sorprendente que cuando una amplia mayoría de españoles se sitúa en zonas de encuentro entre el liberalismo y la socialdemocracia; es decir, en un espacio de moderación, quienes encarnan la actitud de rechazo de máxima intensidad al adversario consigan que se vote aquello que representa la antítesis de lo que se rechaza.

La pregunta final sería: en un contexto político de extrema polarización, con la perspectiva de un tripartito a la izquierda y un triunvirato a la derecha (lo de triunvirato lo digo por su tradición), ¿tendría el consenso alguna oportunidad?
Recuerdo que consenso es, con autonomía, la palabra mítica de una Transición que, por su respuesta a los dramáticos acontecimientos del pasado, se convirtió en la narrativa clave de la comunidad política.

La configuración de dos bloques antagónicos no solo conllevaría el riesgo de un empate de impotencias. Terminaría con una narración de cuarenta años, una historia que cuenta que, para España la modernidad no es solo democracia, prosperidad y justicia social, es también reconciliarnos con nuestra historia y con nosotros mismos.

Una narración que dice que los pueblos no hacen la paz con su pasado hasta que sienten que tienen un rumbo y un futuro político común.
La Transición fue un suceso real que luego se convirtió en un relato compartido. No podemos sustituirla por dos narraciones antagónicas porque ninguna de ellas podría jamás convertirse en real. Tan buen relato no merece tan amargo final.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook